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Salud

Confiar en el Estado

En Asturias se empezó a fabricar coque, un proceso muy cancerígeno, en el siglo XVIII y no se midieron sus emisiones, que superaban los límites, hasta hace poco

Confiar en el Estado

En el ámbito de la salud dependemos de las regulaciones que realizan las agencias gubernamentales americanas. La Agencia de Protección de Medio Ambiente (EPA) señala el camino a seguir por el resto del mundo. Decidir cuánta polución puede soportar el ser humano sin enfermar es un reto. Se basa en estudios epidemiológicos que examinan la relación entre la salud y la contaminación. Asunto complicado porque el efecto suele ser pequeño, tener información fiable de la calidad del aire no es fácil y menos aún saber cuánto tiempo estuvo expuesto el individuo, además de que es obligado seguir a esa población muchos años. Son empresas caras y muy exigentes. Conseguir financiación es difícil porque aquí la industria, excepto cuando quiere probar que su actividad no produce daños, no ayuda. Depende de los fondos gubernamentales.

Mientras yo estudiaba Epidemiología en Columbia (Nueva York), uno de los profesores más combativos de Harvard (Boston) era fuertemente criticado en nuestro medio porque se prestaba a defender, con sus análisis, la inocencia de las industrias en la producción de enfermedad. Había un sesgo en la crítica que nacía de la visión que tiene NYC de Boston. Pero el más inquietante es el que se puede producir cuando te pagan por defender algo. Es muy difícil ser objetivo, inevitablemente uno ve sólo lo que favorece su hipótesis y desprecia, se ciega, ante lo que la rechaza. De ahí que en los medios haya tanta literatura que denuncia la manipulación de los datos para apoyar una postura.

Se podría argumentar que al nuevo director de la EPA le mueve el deseo de evitar la manipulación interesada de los datos cuando manifiesta que a partir de ahora esta agencia sólo se fiará de los análisis propios. Su propósito es pedir a los investigadores los datos que sustenten las publicaciones para comprobarlos.

En general, las agencias reguladoras examinan las publicaciones en las revistas científicas, que en principio aseguran la fiabilidad, los clasifican en cuanto a su calidad y con diferentes estrategias estadísticas sacan conclusiones. Para aceptar una asociación entre un agente y una enfermedad exigen que se cumplan una serie de preceptos, desde su plausibilidad biológica hasta la confirmación en diferentes poblaciones, siempre descartando otras causas que expliquen el hallazgo. Así llegan a decir, tanto la EPA como la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) de la OMS qué sustancias o trabajos son cancerígenos. Decir que una sustancia es cancerígena, por ejemplo, el benceno, tiene una repercusión importante para la industria, y para los organismos encargados de vigilar el aire. Es el caso de las baterías de coque, uno de los procesos más cancerígenos que conocemos. Las productoras están obligadas por ley a controlar las emisiones a la atmósfera para dejarlas en cero. Y la comunidad autónoma está obligada a vigilar que esto se haga. En Asturias se empezó a fabricar coque a finales del XVIII, cuando debido a la Revolución francesa se trasladó la producción de armas a Trubia. Este carbón es el mejor para alimentar los altos hornos. A pesar de que hay varias factorías en Asturias, dos en ese lugar, no se midió su nivel hasta hace pocos meses. Entonces se descubrió que sobrepasaba de forma escandalosa los límites. Tarde, por fin, se han puesto los medios para corregirlo. Si la industria no lo hizo antes, a sabiendas de lo que ocurría, fue porque requiere inversiones que pudieron eludir porque nadie los vigilaba.

Volviendo a la EPA, la propuesta de solicitar los datos para realizar ellos mismo los análisis podría sostenerse en la sospecha de que los investigadores tienen un sesgo que ellos, la agencia, no sufrirá. Difícil de sostener si siguen las directrices del director, Pruitt, que mientras fue fiscal general de Oklahoma fue el principal oponente a las regulaciones de la EPA y en una entrevista reciente dijo que era "un campeón de la abogacía en contra del activismo ambiental de la EPA". Facilitar los datos choca con la confidencialidad y acuerdos entre investigadores y población estudiada y analizar es muy caro.

Los ciudadanos están obligados a ceder parte de sus ingresos para que el Estado los proteja de los riesgos y les proporcione servicios que mejoren su calidad de vida. Confiamos en que la Administración vigilará el aire que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que ingerimos y que pone todos los medios para asegurar que no nos producirán daños. Lo tiene que combinar con facilitar el desarrollo industrial. En ese conflicto, no pocas veces engrasado por los intereses de los políticos y administradores, se producen disfunciones que casi siempre dañan al ciudadano. Pruitt al poner obstáculos a la credibilidad de los estudios científicos consigue un propósito: sin datos no hay regulación. Lo mismo que si no se mide el nivel de benceno la industria química no está obligada a poner medidas correctivas.

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