La indignación recorre las calles y plazas de las ciudades, las villas y los pueblos de Asturias y de España en contra de la sentencia del "caso la Manada". El tribunal tomó una decisión salomónica y en vez de proteger con contundencia a una joven de sólo 18 años ante una agresión sexual documentada en vídeo, cometida por cinco varones adultos y en grupo, optó por cerrar los ojos ante la evidencia de la violencia y la intimidación y aplicar un tipo penal menor, de abusos sexuales.
Si el caso horrorizó a todo el país por la extrema gravedad de los hechos y el juicio causó alarma por la estrategia de alguna defensa de vulnerar la vida privada de la víctima, sometiéndola al espionaje de un detective, la sentencia ha venido a rematar lo que muchas ya temíamos: que la víctima era la que iba a ser juzgada, que su cuerpo iba a ser un territorio en el que se dirimiera una especie de problema de lindes o de límites, como si fuera una finca: ¿tiene moratones, desgarros, fracturas? ¿Sufrió lo suficiente? ¿Se resistió o, en definitiva, se dejó, lo que convierte la violación en una invasión menor de su cuerpo?
La sentencia de "la Manada" pone sobre la mesa la alarma social que causa la justicia cuando desampara a las personas a las que debería proteger y muestra la enorme brecha social que media entre el tribunal y el sentido común. Por un lado, está el voto particular del magistrado Ricardo González, que personalmente me parece escandaloso. Considera que un encuentro sexual en grupo, entre una joven que acaba de llegar a la mayoría de edad, y cinco desconocidos que le sacan diez años y que son mucho más corpulentos, de madrugada en una fiesta multitudinaria, en un portal, sin protección, grabado por móvil, sobre el que no se habló con ella previamente en ningún momento (como reconocieron los acusados) y que acaba con la chica abandonada semidesnuda, llorando y temblando, y sin el móvil, que le robaron para evitar que pidiera ayuda, es una relación sexual placentera y consentida. Sólo una sociedad profundamente perturbada puede considerar ese relato verosímil y respaldar la versión de la defensa de que así es como son las relaciones normales entre los hombres y las mujeres en España.
Los otros dos magistrados, por su parte, han decidido medir, aquilatar y atenuar el delito cometido por los cinco jóvenes sevillanos, abriendo la puerta a una interpretación alarmante de lo ocurrido en aquel portal de Pamplona: "Dejarse" es suficiente para que no se cometa violación. Una interpretación que nos pone los pelos de punta porque tenemos muy cercanos al menos dos casos de muchachas que no se "dejaron" y lo pagaron con la vida. Diana Quer (que merecería capítulo aparte, por el trato mediático completamente disparatado que se dio a su desaparición) acabó en un pozo, y Nagore Laffague también pagó el más alto de los precios por resistirse a la violación (otro capítulo aparte, ya que su asesino está ejerciendo su profesión de médico en Madrid, a tan sólo diez años de su asesinato).
La sentencia, y el procedimiento judicial previo, les dice a las jóvenes de este país que si sufren una agresión sexual, para que no se entienda que en cierto modo están de acuerdo y "colaboran", deben resistirse lo bastante para sufrir daños corporales que luego pueda apreciar un perito: desgarros, fracturas de huesos, moratones. Deben también llevar después una vida de luto y desesperación, para que el detective privado que las persiga pueda documentar que su vida ha quedado lo suficientemente destrozada como para demostrar que son "decentes" y no pueden, por tanto y ante un suceso así, volver a sonreír, a estudiar o a salir con las amigas. Les dice que los hombres tienen en cierto modo un derecho de caza, si es que andan perdidas por lugares inapropiados en horas poco transitadas, y que no es necesario que estén de acuerdo a la hora de mantener relaciones sexuales: el permiso, a algunas horas y en algunas fiestas, es tácito, a no ser que medie resistencia heroica para hacer patente la oposición.
El caso de "la Manada" nos obliga a repetir, alto y claro: No es no, y si no hay un sí, el acto sexual es una violación.
También deja motivo para la esperanza: estamos en una sociedad viva, abierta y solidaria, que va muy por delante de lo que algunos nos quieren hacer colar como justicia.
