Estrasburgo (Francia), Efe

La Comisión Europea quiere que la industria asuma una mayor responsabilidad en la protección de los niños frente a los videojuegos violentos, impidiendo su venta a los menores y aplicando normas de control también a los juegos por internet. Según el Ejecutivo comunitario, episodios como el ocurrido el pasado año en una escuela al sur de Finlandia, cuando un estudiante mató a tiros a ocho personas y luego se suicidó, justifican la adopción de medidas para proteger a los menores del posible impacto de los videojuegos de contenido «dañino». Las propuestas figuran en un informe publicado ayer que pasa revista a las acciones que los países han puesto en marcha para proteger a los niños de ese tipo de juegos de vídeo.

La comisaria europea de Consumo, Meglena Kuneva, dijo en rueda de prensa que, aunque es imposible determinar con total certeza si hay un vínculo entre la exposición a contenidos violentos y el comportamiento de los menores, la existencia de informes que denuncian la influencia de ese tipo de juegos hace necesario adoptar «medidas de precaución».

Por su parte, la responsable de la Sociedad de la Información de la CE, Viviane Reding, precisó que Bruselas no quiere imponer nada por la fuerza, sino que pretende que, como hasta ahora, los fabricantes asuman de forma voluntaria la adopción de nuevas obligaciones.

Para el Ejecutivo comunitario, el sistema voluntario actual (llamado PEGI) «no es lo bastante conocido», por lo que se debe publicitar más entre padres y educadores y actualizar periódicamente, señaló la comisaria.

La Comisión pide, además, que esas normas sean extendidas a los juegos que se descargan de internet y que la industria asuma de aquí a un par de años un código de conducta para regular la venta de videojuegos a menores, área en la que en la actualidad no hay reglas compartidas por los países miembros en el entorno comunitario.

Entre los mensajes del informe también hay algunos dirigidos a los países, que, según Bruselas, «deben evaluar el posible impacto positivo y negativo de los videojuegos, en particular sobre la salud».

En términos generales, la Comisión valora el sistema PEGI, un código que clasifica los juegos por edades y temática (miedo, violencia, sexo, drogas, discriminación o insultos) para informar a los usuarios del contenido al que pueden ser expuestos. De acuerdo con el informe, veinte países de la Unión, entre los que se incluye España, aplican este sistema, desarrollado en el año 2003.

Sólo Chipre, Luxemburgo, Rumanía y Eslovenia no emplean ni ese ni otro método, mientras que Alemania, Lituania y Malta cuentan con sistemas específicos en esa área.

Por otra parte, el informe revela que quince países regulan la venta de videojuegos de contenido peligroso, aunque el alcance de las normas varía entre ellos.

De este modo, hasta la fecha sólo Alemania, Irlanda, Italia y Reino Unido han prohibido algunos de esos artículos, como ocurrió recientemente con el polémico juego de vídeo «Manhunt 2» («Caza del hombre 2»).

El informe de Bruselas concluye que la industria «debe invertir más para reforzar y actualizar periódicamente el sistema PEGI, de manera que se convierta en una herramienta verdaderamente efectiva a nivel paneuropeo».

También pide a fabricantes y autoridades públicas que aumenten la cooperación para dar a conocer más los sistemas de clasificación de los juegos por edades y con el fin de evitar la confusión por la existencia de varios métodos paralelos.

Según la Comisión Europea, el sector comunitario de los videojuegos tuvo en el año 2006 beneficios por valor de 6.300 millones de euros y alcanzará los 7.300 millones de euros a finales de este año.