El juzgado de instrucción número cuatro de Oviedo tomará declaración en los próximos días a dirigentes de UGT en Asturias y de su fundación Instituto de Formación Estudios Sociales (IFES) para iniciar las averiguaciones en sede judicial sobre presuntas irregularidades en las subvenciones públicas que recibió el sindicado para financiar cursos. El punto de partida es la investigación previa que realizó la Fiscalía y que, según conoció este diario, pone el foco sobre las facturas que IFES o UGT cargaron al Principado en concepto de alquiler de las aulas donde se desarrollaban las clases.
Las indagaciones realizadas por el fiscal Gabriel Bernal condujeron a la presentación de una denuncia que, según fuentes conocedoras del caso, apunta la existencia de prácticas supuestamente fraudulentas a través de dos sociedades vinculadas al sindicato ugetista: Infastur, de la que es administrador único UGT-Asturias, y Localmur, controlada por la organización nacional. La Fiscalía cree que esas empresas fueron utilizadas para hinchar facturas que se cargaban a las subvenciones de los cursos, de modo que el dinero extra conseguido podía ser utilizado para financiar la estructura de UGT.
Conforme a las mismas fuentes, el fiscal sospecha de prácticas como la siguiente: los locales en los que IFES impartía los cursos, a menudo propiedad de particulares (dos en Oviedo, por ejemplo), solían estar a nombre de Localmur a través de contratos de arrendamiento; esta sociedad facturaba luego a IFES gastos por alquiler de las aulas que, según aprecia la Fiscalía, eran considerablemente superiores a los correspondientes a las rentas que por los locales cobraban los propietarios al sindicato o a sus sociedades satélites; a continuación, la fundación IFES repercutía esas facturas presuntamente hinchadas o falsas en los gastos que pasaba al Principado para cobrar las subvenciones. La denuncia estima en torno a 400.000 euros la divergencia observadad de gastos (entre los alquileres pagados y los repercutidos al Principado) en los cursos del período 2010-2013.
La dirección de UGT ha manifestado estar "muy tranquila" tras conocer el contenido de la denuncia de la Fiscalía. Su estrategia ante el Juzgado se basará en defender que la contratación con "empresas vinculadas" (ligadas a las organizaciones que solicitan y reciben las subvenciones) es una práctica legal y habitual, y en que los costes de alquiler facturados son por "aulas equipadas". Esto es, UGT e IFES argumentan que las diferencias de dinero que identifica el fiscal se justifican porque el coste repercutido al Principado comprende, además del gasto de arrendamiento del local en sentido estricto, los correspondientes al alquiler de equipos informáticos y otros necesarios para las clases o los de mantenimiento. La sociedad Infastur se dedica expresamente a alquilar ordenadores al sindicato o a su fundación IFES. UGT alegará también que todos los gastos están contabilizados y acreditados dentro de la ley.
La denuncia formulada por la Fiscalía y que ha dado pie a la investigación judicial señala que hay indicios de delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental.
