Imagine que quiere embotellar agua de un manantial y venderla a un precio que le deje un buen beneficio, por ejemplo a 10 euros la botella. Sucederá que, salvo que ese manantial resulte ser la fuente de la eterna juventud, no venderá sus botellas y tendrá que reconsiderar su propuesta comercial. La razón es simple, nadie pagará ese precio porque por mucho menos cualquiera puede conseguir un producto equivalente. Suponga ahora que su punto de venta se encuentra en el centro de un desierto y que sus clientes potenciales son las personas que se pierden en él y agotan sus cantimploras. Si tienen dinero pero no tienen agua no tendrán ningún inconveniente en pagar 10 euros por sus botellas. Tal vez prefiera fijar un precio aún más abusivo porque usted tiene el control sobre el precio. Es un precio de monopolio.
Así sucede en el mercado eléctrico español. Cinco empresas cubren el mercado. La santísima trinidad formada por Endesa, Iberdrola y Gas Natural domina claramente el sector y en la práctica funcionan como un único dios eléctrico. En la ciencia económica se dice que forman un oligopolio.
Los privilegios del oligopolio se fundamentan en su alianza con el poder político. Estas empresas obtienen una regulación favorable a sus intereses, en detrimento de los de los consumidores, gracias a las influencias de algunos de sus consejeros. Felipe González se sentaba en el consejo de administración de Gas Natural a bostezar hasta que su aburrimiento fue tan grande que renunció a una modesta paga anual de 130.000 euros. La exministra Cristina Garmendia le dio el relevo. José María Aznar, que también se aburría, cobraba 200.000 euros como asesor de Endesa, la eléctrica que privatizó. La lista es muy extensa. Son las "puertas giratorias" que ponen a cargos políticos al servicio del oligopolio. A las eléctricas esta inversión en lobbys les sale a cuenta. Consiguen que los movimientos del estado les favorezcan o al menos no cuestionen el status quo. Gran parte del sobrecoste energético es hipoteca política: la deuda reconocida con el sector por los llamados "Costes de Transición a la Competencia", la compensación por la amortización de las infrautilizadas centrales de gas o los incentivos a la generación mediante renovables. Sobre esto último hay una clara diferencia de trato. Al mismo tiempo que el RD 661/2007 estableció un precio garantizado a las compañías eléctricas que invirtieran en renovables, el RD 900/2015 desincentivó el autoconsumo estableciendo el impuesto al sol y poniendo trabas burocráticas a las viviendas colectivas que quisiesen crear instalaciones de autogeneración. Las empresas eléctricas españolas consiguen un margen de beneficios sobre facturación de los más altos de Europa. Hasta en los peores años de la crisis económica, entre 2010 y 2015, ganaron 40.000 millones de euros. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que una eléctrica pierda dinero.
Con todo esto, usted puede formarse una idea de cuál es el factor que mejor explica porqué pagamos un 50 % más que en Francia, donde la empresa pública EDF controla el sector, o casi el doble que en Noruega, donde el holding público atiende la generación y la comercialización se da posteriormente en un mercado de pequeñas empresas.
Sin embargo, la idea que más se extiende es que la causa del elevado precio de la energía es el anuncio del cierre de las térmicas. Resulta paradójico que algo que todavía no ha sucedido ya sea el causante de un mal estructural que sufrimos desde hace 20 años. Como ningún gobierno parece que tenga intención de tocar el monopolio eléctrico algunos políticos que dicen ser de izquierda defienden que la única forma que hay de abaratar la energía que consumen las electrointensivas es subvencionar su factura. Nos piden que hagamos un escote y pongamos 5 o 6 euros por cabeza para dárselo a estas empresas en forma de subasta de interrumpibilidad. Luego viene Alcoa, gran beneficiada de esta política, y escupe que ni así se queda. La solución que proponen estas voces es simple: darles más dinero. El estatuto de las electrointensivas es otro escote para pagar el chantaje y mejorar los resultados de estas empresas sin tocar la estructura del sector eléctrico. Y a cambio de nada. Una multinacional que acceda a la categoría de electrointensiva solo tendrá que comprometerse a no despedir a más del 85 % de la plantilla en tres años. Vuelvan a leerlo pero leyeron bien. Alcoa podría hacer lo que está proponiendo hacer y cerrar en Avilés y A Coruña sin perder su estatuto de electrointensiva porque suponen menos del 85 % de su plantilla en España. Esa es la solución que nuestra alcaldesa y otras voces del coro defienden para la industria asturiana. La letra de esta canción bien pudieron escribirla en los consejos de administración de las grandes consumidoras eléctricas y la música en los de las grandes productoras. Como decía mi güela: "comen toos xuntos".
