Los jesuitas de toda España comenzarán a implantar de forma inmediata nuevos protocolos de protección en todos sus centros educativos para evitar que vuelvan a surgir casos de abusos sexuales como el ocurrido supuestamente en el colegio de la Inmaculada de Gijón hace una década y denunciado el pasado mes de enero. Este caso, que está en fase de instrucción, tiene como acusado al sacerdote Jorge Enríquez Muñoz, de 48 años, que entre 2005 y 2008 impartió clases de Religión en el centro asturiano y ha sido apartado cautelarmente de la docencia para evitar que esté en contacto con menores.

La investigación judicial -pendiente de más informes policiales y periciales- la está llevando a cabo la magistrada Belén García Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón, que ya ha tomado declaración tanto a la víctima, ahora mayor de edad, como al investigado, que desde que fue apartado de la docencia reside en la casa de ejercicios que los jesuitas tienen en Villagarcía de Campos, Valladolid.

En conversación telefónica con LA NUEVA ESPAÑA, el padre Jorge Enríquez, con voz apagada, ha confesado que tiene prohibido por la Compañía pronunciarse públicamente al respecto y deja su defensa en manos de su abogado, el cual se lo ha facilitado la propia orden religiosa. "A todos los efectos, Jorge sigue siendo jesuita y sacerdote, tiene derecho a un juicio justo y la Compañía le ha proporcionado todos los medios necesarios para su defensa", confirma Allende, que lamenta el "sufrimiento que la conducta de un miembro de su orden haya podido generar" a la víctima gijonesa.

Al tiempo que continua este proceso judicial, la Compañía mantiene su determinación bajo la proclama de "tolerancia cero contra los abusos" y trabaja ya en tres áreas de actuación, según explica Toño Allende, delegado de educación de los jesuitas en España. La primera es "sanar el pasado", es decir, "saber de qué estamos hablando, conocer lo que ha ocurrido en nuestros centros y las posibles víctimas que hayamos podido tener y causar". En base a esto, "queremos hacer un intento de reconciliación y reparación del daño", explica Allende. Para ello sirven las comisiones de escucha que desde hace años comenzaron a implantarse en los centros jesuitas de Barcelona, País Vasco, Navarra y Madrid desde la semana pasada. Seguirán por toda España, incluida Asturias, pero a excepción del colegio de la Inmaculada "porque interferiría en la investigación judicial". "Nosotros no hacemos investigaciones paralelas, ahora es momento de colaborar con la Justicia y cuando acabe el procedimiento judicial haremos nosotros nuestro propio proceso canónico, según nuestras leyes", expone Allende. Algunas de esas comisiones de escucha se cerraron sin ningún caso y otras con que la intención de la víctima era solo ponerlo en conocimiento de los Jesuitas, sin interponer denuncia alguna. En base a todos los datos recabados "daremos información a la Compañía, a la Iglesia y a la sociedad".

El segundo punto a seguir es "dar una respuesta a las víctimas" que, al menos, palie o compense de algún modo "el sufrimiento" que la conducta de un jesuita la haya podido generar.

Por último, pero ya se está poniendo en marcha, es la "implantación de sistemas que mejoren la creación de entornos seguros". "Funcionábamos con los protocolos habituales de las comunidades autónomas o la legislación española en aquellos sitios donde no existiesen leyes específicas, pero eso ya no es suficiente e implantaremos poco a poco un sistema de protección inspirado en protocolos internacionales que ya están en marcha", sostiene Allende. ¿En qué consiste? "Tendrá un fuerte componente de formación y sensibilización del profesorado, nuestro personal y también a los jóvenes jesuitas que están formándose en el seminario", explica Allende sobre estos nuevos modos de trabajar que "se irán implantando" paulatinamente para lograr "una mejora continua".