El Ayuntamiento ya tenía constancia hace al menos "mes y medio" de que las multas por exceso de velocidad derivadas de las mediciones efectuadas por el radar situado en el Bulevar de Santullano -la vía que da acceso a Oviedo desde la autopista "Y"- "no se ajustan a derecho" al no existir un informe que certifique la fiabilidad de la cabina en la que está instalado el cinemómetro, una información publicada ayer en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. "En el momento en el que nos llegó el primer fallo judicial nos pusimos en contacto con el Centro Nacional de Metrología para arreglar las cosas cuanto antes. Lo hemos solicitado hace mes y medio y no creo que tarden mucho en arreglar el problema", explica el Concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández.

Fernández es abogado de profesión y sabe de sobra que si un juez dictamina que algo no se ajusta a derecho está indicando que no respeta la ley vigente y que, por lo tanto, es ilegal. "Si una sentencia se redacta en esos términos hay que reconocerlo y hacer todo lo necesario para arreglarlo. Es cierto, si algo no se ajusta a la ley podría decirse que es ilegal", señala el edil, que en todo momento afronta la realidad. "Este problema es heredado de anteriores corporaciones. Nosotros pensábamos que la fiabilidad del aparato, que se instaló en el año 2012, estaba perfectamente certificada, pero parece ser que falta un informe específico que no estaba hecho", asegura Ricardo Fernández. Las multas anuladas a raíz de las sentencias rondan los 300 euros y llevan aparejada la retirada de cuatro puntos del permiso de conducir.

Cuatro reclamaciones aceptadas

El problema se destapó a raíz del trabajo del titular del despacho Moreno Fernández Abogados, que ya ha conseguido cuatro sentencias a favor y tiene al menos otras diez en proceso de tramitación. Luis Moreno basó sus demandas "en la inexistencia" de ese informe que certifica el correcto funcionamiento de la cabina que protege al cinemómetro, un trámite legal que el Ayuntamiento no pudo acreditar en los juzgados a pesar de que el radar lleva en funcionamiento casi cinco años. "Si no se prueba que la cabina está perfectamente instalada no se puede negar que la velocidad que marca podría estar distorsionada", asegura Moreno. Y así, aunque con otras palabras, se recoge en las sentencias. "La verificación periódica de una cabina tiene por objeto comprobar su integridad y orientación y que es capaz de soportar y mantener el instrumento en condiciones adecuadas para desempeñar su función", refleja literalmente el fallo.

La duda surge a la hora de saber si son legales las multas que el radar imponga mientras la certificación se hace efectiva. El concejal de Seguridad es claro: "Salvo que exista una jurisprudencia distinta, evidentemente no lo serán hasta que todo se arregle y se consiga ese validación oficial".