Antonio García Méndez, presidente de la Fundación Edes. Encabeza la que puede ser, por volumen de empleo, la principal empresa de Tapia. Pero su actividad consiste en «producir» una vida mejor para las personas con discapacidad. La Fundación Edes ha ido desplegando a lo largo de los últimos veinte años una serie de servicios para atender a este colectivo y a sus familias y ahora explora también nuevas fórmulas para favorecer la fijación de población en el medio rural asturiano.


El tapiego de Serantes Antonio García Méndez es el presidente de la Fundación Edes, la gran referencia del Occidente en educación especial. Conforma, junto con la asociación Fraternidad y la cooperativa El Orrio un sector, el de la economía de los cuidados, que en Tapia es especialmente relevante. Solo la Fundación Edes, con los distintos servicios que ofrece, -desde el centro educativo concertado, la unidad de atención temprana, al centro especial de empleo de la finca El Cabillón (dedicada a la producción ecológica)- sostiene más de medio centenar de puestos de trabajo. Es, probablemente, la principal empresa del concejo.

«Es importante consolidar la economía de los cuidados porque son derechos para las personas, para que puedan desarrollarse, y también por las oportunidades que genera para las familias. Crea una serie de puestos de trabajo consolidados en un sector que, además, está muy feminizado. También contribuye a fijar la población y facilitar la conciliación. Si no hubiera estos servicios, la familias iban a tener que convertirse en cuidadores, cómo ocurre tradicionalmente: alguien de la casa tiene que encargarse de atender a esas personas dependientes y no puede buscar otro empleo».

«Es importante defender los servicios públicos que tenemos pues, por ejemplo, cada vez que se cierra un aula es una piedra más en el camino. Una ventana más que se abre al abismo de la despoblación. Nosotros estamos tratando de poner nuestro granito de arena con el programa ‘Volver al pueblo’ en el que participamos con la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (Coceder). En el Oriente está El Prial y nosotros aquí. Lo que se trata es de facilitar o articular una serie de recursos que pueden estar en desuso, como viviendas, fincas o negocios de ámbito público o de personas que cierren el suyo y quieran buscar a alguien que les dé continuidad. Se trata, por un lado, de tener un banco de recursos, y por otro de facilitar el acompañamiento y la incorporación de esos nuevos pobladores».

«Estoy seguro de que la economía asistencial va a generar muchas oportunidades de empleo en las zonas rurales. En el ámbito de los cuidados hay mucho recorrido y en diferentes líneas y caminos. La pandemia nos hizo repensar sobre la idoneidad de las macro residencias de ancianos. Aquí en la zona hay un modelo mixto de residencias, de mini residencias que casi son como viviendas; también está la ayuda a domicilio para personas que quieren seguir en su pueblo, y están los centros de apoyo diurno».

Antonio García Méndez, en la finca de cultivo ecológico de la Fundación Edes. JULIAN RUS

«Y después están modelos como el co-housing (un grupo de personas jubiladas que se reúne para construir viviendas individuales pero con servicios compartidos de limpieza o mantenimiento) que también tiene recorrido. Hay ya unas primeras experiencias en Asturias, pero yo creo que necesitan el apoyo que requieren y limitar las trabas. Al final no salen los proyectos por las trabas administrativas que encuentran. Esos proyectos de co-housing contribuyen, en primer lugar, a fijar población y, como es gente que cada uno tiene su propia renta, generarán unos puestos de trabajo para las personas que van a necesitar para la limpieza o para el mantenimiento. Aparte de que también van a hacer consumo en ese entorno. Hace falta tener esa visión. Hay que abrir un poco las mentes. En su momento se apostó por hacer residencias porque se consideraba que era una forma de racionalizar los recursos, pero ahora se ve que no todo es racionalizar los recursos económicos. Hay que ver otros pros y otras contras. Yo creo que esto es una oportunidad para las zonas rurales y, sobre todo, una oportunidad para esas personas que pueden mantener esa forma de vida en unidad con otras y compartiendo recursos».

«Todos vamos para mayorinos y, al final, las respuestas hay que darlas. En todo ese sector hay mucho recorrido y muchas oportunidades. Yo vivo en una aldea y veo cómo cada vez va quedando menos gente en las casas y las situaciones de dependencia son complicadas de gestionar. Hay que anticiparse a ello. A mí me encantaría poder seguir viviendo en mi pueblo pero la realidad dentro de unos años no sé cuál va a ser. Hay que ir anticipándose a todo eso».

(Antonio encabeza la «empresa» con más empleo de Tapia y no ve con buenos ojos -como todos los consultados en esta serie- el proyecto de apertura de una mina de oro)

«Ya no es aquel proyecto de mina a cielo abierto, pero sigue teniendo unos riesgos. Se van a llevar unas ganancias, ilícitas seguramente, pero en el territorio nos iban a quedar unas secuelas sobre el medio ambiente. No hablemos ya de los vertidos que una actividad de esa envergadura, aunque se canalicen dos kilómetros en el mar. El mar no lo aguanta todo, como ya sabemos».

«Aquí hay unas formas de vida muy dignas, vinculadas a la actividad agropecuaria, la pesca y a un turismo sostenible, vinculado a playas naturales, de una calidad envidiable. Encuestas que se hicieron a lo largo de estos años a gente que viene de otros sitios sobre qué opinión les merece la mina manifiestan el rechazo y dicen que posiblemente no vendrían si se diese este caso. No hablemos ya de las afecciones que podría tener ya directamente para la pesca o la agricultura.

«Creo que esos riesgos todos están ahí y, como mínimo, hacen temer que supongan problemas. Nosotros, además, estamos al lado de donde se colocaría la escombrera de la mina. Ahí es donde el centro especial de empleo, que da trabajo a entre 14 y 18 personas, tiene la finca de producción ecológica y desde luego estamos preocupados. Llevamos luchando muchos años para crear empleo puestos de trabajo sostenidos y consideramos que, como mínimo, se pondrían en riesgo porque la certificación de productos ecológicos tiene que responder a unas condiciones de cultivo y hay unas analíticas de residuos».