El Gobierno descarta abrir los viajes del Imserso a los emigrantes sin Seguridad Social española: “La regulación no lo contempla”

El Ministerio de Derechos Sociales responde a las quejas de los colectivos de residentes en el extranjero, que se sienten “discriminados”, acogiéndose a la norma que rige el programa turístico desde 2018 y que sí admite a los retornados

Dos mujeres miran el escaparate de una agencia que ofrece viajes del Imserso.

Dos mujeres miran el escaparate de una agencia que ofrece viajes del Imserso. / Efe

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se ratifica en la persistencia de las “limitaciones” que cierran el paso de los viajes del Imserso a los españoles residentes en el extranjero que no sean pensionistas de la Seguridad Social española. Fuentes del departamento que dirige Pablo Bustinduy reafirman en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA la exclusión que ha motivado las quejas por “discriminación” de los representantes de las colectividades españolas en distintos puntos del mundo. En una respuesta en la que no manifiestan intenciones de reforma del procedimiento, las citadas fuentes se acogen a los requisitos de acceso al programa de vacaciones que vienen recogidos en la orden que lo regula desde septiembre de 2018 y que solo admite la participación de los residentes en países foráneos que sean beneficiarios del sistema español de Seguridad Social.

Asumen expresamente que eso deja fuera a toda persona que “tenga la nacionalidad española, pero perciba una pensión de otro país” y acuden a lo escrito en la norma para defenderse de las protestas que les han llegado, gota a gota desde el otoño pasado, al menos desde el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y los Consejos de Residentes Españoles (CRE) en París o Buenos Aires. En el último episodio de una acometida que se ha repetido en los últimos años, los colectivos de expatriados denuncian su “discriminación”, se acuerdan de las promesas luego incumplidas sobre el regreso del programa “días antes de las últimas elecciones” y aducen que cortando el paso a los emigrantes perceptores de pensiones de otros países se impide “a la diáspora ejercer sus derechos en igualdad con los residentes en España” y se incumple, en consecuencia, lo dispuesto en el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior.

En su protesta, los españoles expatriados también se acogen pues a la letra escrita, la que consagra en el citado estatuto la obligación del Estado de extender a “los españoles en el exterior y sus familiares la acción protectora de la Seguridad Social” y la previsión de que “los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para potenciar la red de servicios sociales, fomentando asimismo la realización de actividades encaminadas a la consecución de su bienestar integral”.

La orden ministerial de 2018 que el Ministerio relee para desactivar la queja sí consagra expresamente, sin embargo, el derecho a participar en el programa turístico de un colectivo al que los comunicados de protesta se habían referido también en su inventario de agravios. “Los españoles de origen emigrante que hayan retornado a España”, dice la norma, pueden viajar “siempre que sean pensionistas de los sistemas públicos de Seguridad Social del país o países a los que hubieran emigrado”, lo que a los ojos de los expatriados que siguen viviendo en el extranjero supone una abierta contradicción.

Las fuentes ministeriales añaden al alegato las referencias que hacen los pliegos que regulan la prestación y funcionamiento del programa a los beneficiarios residentes en el extranjero. Para los que cumplan los requisitos, señalan, se diferencia el origen de las salidas de los viajes entre las de dentro y las de fuera de España. Se admiten puntos de partida para españoles residentes en quince países europeos –Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Francia, Holanda, Reino Unido, Luxemburgo, Suiza, Portugal, Finlandia, Noruega, Italia, Suecia y Dinamarca– y se establece que el resto de personas con domicilio foráneo que cumplan los requisitos del programa turístico solo puede salir desde Madrid o Barcelona y debe correr con los gastos de traslado hasta sus naciones de residencia.

Son estos usuarios admitidos, rematan las mismas fuentes, los que se encuentran “bajo el amparo de posibles convenios de colaboración que el Imserso pueda firmar con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”. Y como quiera que “no existe en la actual temporada de turismo” ningún acuerdo de este tipo, concluyen, “no es posible que estos ciudadanos residentes en el extranjero puedan participar con el programa de turismo”.

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