El catedrático asturiano que se siente perseguido en Cataluña: Rafael Arenas recibe amenazas y su propia universidad lo veta

"La situación del respeto de los derechos en Cataluña, sigue igual que con Esquerra, o peor", dice el castrillonense Rafael Arenas García, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). La afirmación en absoluto es gratuita. El profesor iba a participar este 25 de abril, con la profesora Susana Beltrán, en un acto del colectivo de jóvenes constitucionalistas "S’ha Acabat", para abordar "los desafíos de España y Europa", en el contexto de los aranceles de Estados Unidos y la guerra de Ucrania. La víspera, "las antifascistas de la UAB", enviaron un escrito al profesor advirtiéndole de que no era bienvenido, y que boicotearían el acto, como primer paso para echarle de la universidad. Arenas pidió amparo ante el decanato de su Facultad. Su sorpresa fue cuando le indicaron que el acto había sido prohibido, aduciendo que dos miembros de "S’ha Acabat" eran diputados de PP y Vox. Al día siguiente, los profesores intentaron impartir su conferencia, pero se les dijo que a la Universidad se iba "a dar clase". Aún así se realizó el acto fuera del edificio.

"Me sorprendió, porque el acto había sido autorizado y se suspende sin que las razones sean claras, lo que me parece grave. Pero sobre todo me sorprende porque no se puede ceder ante una amenaza. La institución tiene que apoyar a los profesores y no impedir el acto", dice Arenas. "Yo tengo que dar explicaciones de por qué me amenazan. Alguien ha llegado a decir: ‘Claro, es que provocas’. Eres una aberración, como no estás con la doctrina oficial...", añade.

"Se ha aprobado el Pacto Nacional por la Lengua, que es el documento más duro, más explícito sobre la imposición del catalán como lengua y el intento de sustitución lingüística. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo hizo una visita a Cataluña hace unos meses para verificar cómo estaba la situación de la exclusión del castellano en la escuela, y se quedaron espantados", indica.

"Las familias van a los tribunales, y se les concede el 25 por ciento de las clases en castellano, pero el Gobierno de Illa hace lo que hicieron Esquerra y los convergentes: se niega a las familias la enseñanza bilingüe", asevera.

"Lo que han pactado los nacionalistas con los socialistas es un plan para conseguir que 600.000 personas que ahora mismo usan el castellano pasen a utilizar el catalán. ¿Qué justificación hay para eso? Que los ciudadanos utilicen la lengua que les dé la gana", defiende. Y añade: "Aquí hay un sesgo, que es el catalanismo. El gran problema es la falta de neutralidad de las instituciones y de las administraciones públicas en Cataluña".