Freno "asturiano" a la corrupción en Argentina: el jurista que rechazó que Macri se "autoperdonase" miles de millones de deudas con el Estado
El juez Carlos F. Balbín, descendiente de asturianos, abandonó su cargo como Procurador General del Tesoro de Argentina tras firmar una auditoría que cuestionaba el acuerdo del presidente Macri para condonar a su propia empresa la mayoría de una deuda con el Estado cercana a los 6.000 millones de dólares
"Dictaminé de acuerdo con los intereses del Estado. Hice lo que tenía que hacer: yo creo en la igualdad", asegura este catedrático en Derecho Administrativo y juez en Buenos Aires

A la izquierda, Carlos F. Balbín y, a la derecha, el expresidente Mauricio Macri
El argentino Carlos F. Balbín (1965) es doctor en Derecho Administrativo, catedrático en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es Juez de Cámara en lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también se muestra como un orgulloso descendiente de asturianos que “cultiva” su “admiración y empatía” hacia Asturias. En diciembre de 2015, el entonces presidente argentino Mauricio Macri lo nombró Procurador General del Tesoro, un cargo con rango de ministro que lo ponía al frente de los abogados del Estado argentino y como principal defensor de sus derechos jurídicos. Y, entonces, dos años después, aunque él rechaza que lo pongan como ejemplo de nada, Balbín demostró que había límites no estaba dispuesto a traspasar. Dictaminó “de acuerdo con los intereses del Estado” sobre una controvertida operación cuyo simple enunciado produce sonrojo: el gobierno de Macri condonó a la empresa de la familia de Macri el 95% de una deuda estimada en 6.000 millones de dólares que la compañía tenía con el Estado. Y luego, aunque Macri ofreció a Balbín un puesto diplomático en Naciones Unidas para apartarlo de la Procuraduría, este jurista dejó la política, se fue a su casa y retornó a su labor en los tribunales y la docencia.
“Acá en Argentina fue un escándalo. No me refiero a mi renuncia, me refiero al ‘caso Correo’. Fue un cimbronazo para mí en ese contexto histórico y creo que marcó un punto de inflexión, incluso entre el Gobierno y la opinión pública. Porque el Gobierno le había ganado las elecciones al peronismo, al kirschnerismo, y una de las banderas más fuertes para ganar fue la transparencia. Sí, el 'caso Correo' fue un punto de inflexión”.
El "autoperdón" o cómo deshacerse de una enorme deuda con el Estado
El ”caso Correo”, o “Correogate” en algunos medios, lleva coleando nada menos que desde 2003 y todavía está en los tribunales, como una seria amenaza judicial contra las empresas de la familia de Macri y contra él mismo. Este caso, con mil vaivenes judiciales, comenzó cuando el presidente Menem privatizó el servicio postal de la Argentina en marzo de 1997 y le otorgó la concesión a la Sociedad Macri, que la mantuvo hasta 2003. Cuando se le rescindió la concesión (con el gobierno de Kirchner, Correo Argentino vuelve al Estado) la empresa creada por Franco Macri -el padre del futuro presidente- sólo había pagado el canon durante el primer año. Así que la deuda que los Macri tenían con el Estado argentino en 2001 era de 296 millones de dólares. En 2017, cuando la deuda estimaba ya sumaba los 6.000 millones, añadiéndole los intereses, ya con Mauricio Macri en el poder, el Estado hizo una quita de que rondaba el 95% por ciento de esa deuda a la familia del presidente. Es decir: el gobierno de Macri aceptó que los Macri pagasen lo que se llamó “el cien por ciento del capital verificado”, es de decir, los 296 millones que adeudaban dieciséis años antes. Y abonándolo en 15 cuotas anuales.
El este enrevesado proceso judicial -en el que los Macri llegaron a reclamar en 2016 una compensación estatal por haber perdido la concesión- Carlos F. Balbín ejerció sus competencias como Procurador del Tesoro, encargó una auditoría sobre el acuerdo alcanzado entre Macri y los Macri y, según publicado varios medios argentinos, la petición de renuncia al cargo le llegó el mismo día de abril de 2017 en que firmó ese documento que no era muy positivo para los intereses del ejecutivo de Macri. Balbín rechazó un nuevo puesto como “embajador especial por los derechos humanos” ante la ONU y se fue en silencio a sus actividades profesionales.
Un dictamen "de acuerdo con los intereses del Estado"
Hoy, este abogado que comenzó en la vida pública trabajando para el gobierno de Alfonsín, echa la vista atrás: “Yo no compartía la negociación de Macri. No como presidente, sino como propietario del Correo, la negociación de la empresa del Correo con el Estado. Eso creaba, obviamente, un conflicto de intereses. Y yo resolví y dictaminé de acuerdo a los intereses del Estado. O mi lectura respecto de cuáles eran los intereses del Estado y no los intereses de un grupo".
Añade: “Correo es una empresa estatal que privatiza Menem en 1990, resulta adjudicatario el grupo de Macri y luego Kirschner estatiza de nuevo el Correo. Entonces, los Macri inician una demanda contra el Estado. Hay demandas cruzadas: el Estado contra el Correo y el Correo contra el Estado. Y yo, como procurador, debía opinar. Opiné. Y ahí concluyó mi trabajo. La cuestión sigue ventilándose en los tribunales, porque además está en discusión también la continuidad de las empresas del propio Macri”.
-Defraudado con Macri, obviamente.
-No sé si la palabra es defraudado. Hice lo que yo creí que debía hacer. No lo digo desde un punto de vista grandilocuente ni moral. Simplemente hice aquello que creí que debía hacer. Yo tengo una mirada que es la siguiente: yo creo en la igualdad en el marco de la sociedad. Y creo que hay mucha gente que trabaja por la igualdad. Ahora, me pregunto: ¿cuál es el papel que uno, desde el derecho, puede jugar en cuanto a contribuir a crear igualdad? Yo creo que ese dictamen, desde mi perspectiva, es un hecho que contribuye a crear igualdad. Ese es mi compromiso. Si yo me compadezco de una persona que no tiene vivienda o no tiene acceso a servicios básicos, ¿qué es lo que yo debo hacer? Desde el punto de vista moral es posible construir muchas respuestas. Desde el punto de vista como abogado y en ese rol, lo que yo debía hacer era eso, porque es el modo de protegerlo, no directamente, pero sí de modo indirecto. Proteger el interés de Estado, del público. Insisto, yo no me considero un ejemplo. Simplemente lo que debe hacer cualquiera, me parece.
-¿Qué consecuencias?
-Obviamente que tiene consecuencias. Tuvo muchas consecuencias para mí. Eso sin duda. Pero yo no las ignoraba al tiempo de decidir. Con lo cual, hubiese preferido evitar las consecuencias, pero de ninguna manera puedo sorprenderme por las consecuencias.
-¿Hoy se arrepiente de haber actuado así?
-No. No me repiento porque me pregunto quién soy y si yo hubiese podido tomar otro camino. No lo planteo incluso en términos morales de rectitud. Lo digo desde un punto de vista más personal: si uno hubiese podido hacerlo o no hacerlo. Y yo creo que no hubiese podido hacerlo. No porque duerma más tranquilo o no. En realidad creo que hay gente corrupta que duerme más tranquila que quienes no son corruptos. Ese mito se crea para consolar a las personas honestas diciéndole que duermen mejor. Pero eso es mentira, seguramente para dormir mejor deberían tomar calmantes (risas). O sea, que no es por una cuestión pragmática. Simplemente me pregunto quién soy y qué límites estoy dispuesto a pasar. No. No es por un tema moral, tiene que ver con conocerse a uno mismo.
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