¿Otra prórroga para las nacionalizaciones de la “ley de nietos”? Una puerta entreabierta y un matiz importante
La norma vigente de Memoria Democrática no prevé más prolongaciones del plazo para que los nacidos en el extranjero con abuelos españoles obtengan la nacionalidad
El periodo finaliza en algo más de dos semanas y el Gobierno no descarta ampliarlo con un nuevo desarrollo legislativo que reconoce sujeto a condiciones políticas “difíciles”

La Asturias expatriada bate su récord en 2025.
El aluvión de solicitudes de nacionalidad por la “Ley de nietos” se acerca al final del plazo, el próximo día 22 de octubre, con el contador de las peticiones aproximándose al millón y el Gobierno tanteando la posibilidad de activar una nueva prórroga que asume difícil de conseguir. La crecida de peticiones de naturalización con arreglo a los criterios que establece la Ley de Memoria Democrática –para los nietos de nativos españoles exiliados en el extranjero– ya llevó al Ejecutivo a prolongar un año más el periodo de dos que inicialmente establecía la norma, aprobada en octubre de 2022.
Ahora que el plazo prorrogado está a punto de terminar, y a la vista del colapso que la llamada ha generado en los consulados de todo el mundo, particularmente en América Latina, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha admitido estos días la eventualidad de una nueva moratoria como remota opción sujeta, eso sí, a una notable variedad de condiciones que no va a ser fácil hacer coincidir.
En la gira por Latinoamérica que esta semana le ha llevado a Argentina y Chile, Ángel Víctor Torres actualizó los recuentos de concesión de pasaportes, defendió la justicia de la norma que patrocina el Ejecutivo de coalición y aceptó, en una entrevista concedida al diario “Clarín” de Buenos Aires, que, “indudablemente, no se cierra la puerta a que la ley pueda ser modificada y se amplíe nuevamente el plazo, porque es algo que ya ha ocurrido”.
Es un sí con matices. Con arreglo a la letra de la norma vigente, no cabe otra prórroga más: la disposición adicional octava establece expresamente que “esta declaración (de solicitud de la nacionalidad de acuerdo con los criterios de la ley) deberá formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley (en octubre de 2022). Al terminar este plazo, el Consejo de Ministros podrá acordar su prórroga por un año”. Como quiera que eso ya se hizo, ahora mismo no hay modo legal de estirar los tiempos más allá de este octubre de 2025.
En esas condiciones, y con las peticiones agolpándose a las puertas de los consulados, no cabe más alternativa de ampliación de las fechas límite que una modificación legislativa o una nueva ley, pero para eso, precisó también el Ministro, “necesitamos mayorías” y la legislatura del Congreso viene demostrando que eso es, en efecto, “difícil”.
“La situación política en España no es fácil”, señaló, recordando por un lado los obstáculos para poner de acuerdo al bloque de grupos que dan sustento parlamentario al Ejecutivo y por otro también que en su momento “hubo quien no apoyaba la ley porque la quería más ambiciosa y quien la rechazaba porque creía que iba contra el franquismo, una etapa que consideraba de progreso... Tuvimos que encontrar un término medio para poder sacarla adelante”.
De momento, el camino recorrido a lo largo de estos tres años garantiza que la disposición adicional octava de la norma, que abre la mano de la nacionalidad a los nacidos en el extranjero con abuelos españoles que hubieran sufrido “exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual”, va a disparar el censo de residentes en el exterior. También el de las personas con derecho al voto en las elecciones generales, autonómicas y europeas.
No hay desglose provincial en unos datos en los que el Ministerio prevé un alto protagonismo de los procedentes de Asturias, la cuarta provincia del país con más inscritos en el registro de “ausentes”, sólo por detrás de Madrid, Barcelona, La Coruña y Pontevedra. Las últimas cifras que el Ministro actualizó esta semana durante su estancia en Argentina cuentan 876.321 de peticiones de nacionalidad en virtud de esta “ley de nietos”. De ellas se han aprobado ya 414.652 y el Ministerio ha garantizado que todas las solicitudes que lleguen a los consulados antes del 22 de octubre serán atendidas y tramitadas.
Argentina, de largo el país con mayor volumen de postulantes, acumula el cuarenta por ciento de las demandas: 366.579 peticiones y 174.277 autorizadas. Ese abrumador protagonismo de los descendientes de emigrantes argentinos tiene su correlato en las cifras totales de la colonia asturiana expatriada, que tiene cerca de 36.000 personas en Argentina, casi una de cada cuatro de las más de 148.000 que viven fuera de España, un número equivalente al tercer concejo más habitado de la región, sólo por detrás de Gijón y Oviedo.
Después de visitar Argentina, la ruta americana del Ministro puso este fin de semana rumbo a Chile, el tercer país de Sudamérica con más residentes asturianos (algo más de 5.000) tras Argentina y Venezuela. En total, España ha aceptado más de 36.000 peticiones de nacionalidad procedentes del país. Según los datos del Ministerio, hasta el 31 de julio se han contabilizado 44.181 peticiones y ya son 9.310 los hijos y nietos de españoles emigrados a Chile que constan como inscritos y han obtenido su pasaporte.
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