Los españoles del extranjero, ante el desenlace de la "ley de nietos": apuestan por una norma de acceso a la nacionalidad sin plazos y abierta a todos los descendientes de emigrantes

Pisando el terreno, en un viaje de reconocimiento por Argentina, Violeta Alonso ha sentido esta semana la “expectación tremenda” y las expectativas desbocadas que acompañan a la última recta final del plazo para que los descendientes de españoles residentes en el extranjero formalicen su solicitud de nacionalidad de acuerdo con los criterios de la ley de Memoria Democrática, la llamada “ley de nietos” que ordena las condiciones para conceder el pasaporte a los nacidos fuera de España con abuelos españoles. La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, leonesa criada en Asturias y residente en Alemania, ha viajado a ver de cerca, en uno de los países donde ha sido más acusada la avalancha de aspirantes, el ambiente que precede a la llegada de la fecha tope para optar a la españolidad.

La norma actual, aprobada en octubre de 2022, ha cubierto dos años de vigencia y uno más de prórroga y cierra sus días hábiles el 22 de octubre, este próximo miércoles. La avalancha de peticiones que lleva años tensionando los consulados de España en todo el mundo ha enfilado ya la fase definitiva de un proceso que, pese a lo que parece, no va a terminar aquí.

Aunque se cierre ya el periodo de solicitudes, la complejidad del trámite para dar curso a la enorme cantidad de aspirantes –que va camino del millón y medio– lo alargará hasta un futuro sin certezas, vaticina Alonso. Tras sopesar las aportaciones y los defectos de la norma, la presidenta del organismo que agrupa a los españoles de la diáspora propone en nombre del Consejo una reforma legal que retire los plazos de solicitud y amplíe el cupo de potenciales beneficiarios a cualquier generación de descendientes de españoles expatriados, retirando también la limitación actual por grado de parentesco.

La ingeniera informática, asturiana de crianza, formada en la Universidad de Oviedo y con casa y trabajo en Fráncfort (Alemania), habla con la autoridad que le da su cargo de presidenta del órgano consultivo que asesora al Gobierno en representación de los más de tres millones de españoles expatriados –150.000 de ellos asturianos– y con la experiencia fresca de esta semana que ha dedicado a sondear en Buenos Aires y Córdoba el ambiente de tensa espera que vive la colectividad española en uno de los epicentros de la ansiedad por la “ley de nietos”.

Argentina es de largo el país que da cobijo a más españoles (medio millón) y asturianos (casi 36.000) y por tanto el escenario ideal para hacerse una idea de la magnitud que ha adquirido el proceso: teniendo en cuenta el volumen de peticiones registradas en el consulado bonaerense, cuando este proceso termine Buenos Aires va a ser, calcula, “la tercera ciudad con más españoles después de Madrid y Barcelona y por delante de Valencia”, vaticina Alonso. Pero eso seguramente irá para largo.

La nacionalidad inmediata que no va a llegar

El problema es que no se ve el final. Ella ha percibido estos días el ansia y el entusiasmo de quienes piensan en una concesión casi automática de la nacionalidad que no va a llegar. “Nos gustaría que se contase con recursos más allá de las oficinas consulares para poder resolver todas esas solicitudes”, afirma. Y la advertencia no sobra si se tiene en cuenta que en Buenos Aires aún se aprobó el año pasado la última nacionalidad otorgada con arreglo a las condiciones de la ley anterior –la de Memoria Histórica, la del Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2007– y que aquella generó un número de solicitudes infinitamente inferior a ésta. A ese ritmo “corremos el riesgo de irnos quizá, imagínese, hasta 2050…”

En el Consejo de la Ciudadanía en el Exterior entienden que la imposición de un plazo fijo no ayuda, que la experiencia ha generado una enorme “presión” sobre las oficinas consulares y entre los aspirantes una tensión y un temor a quedarse fuera que se podrían haber evitado. La constatación de esas dificultades conduce a Alonso a la sugerencia de que se articule una nueva ley en la que el derecho de acceso a la nacionalidad de los residentes en el extranjero se regule “de forma más generosa” y, sobre todo, sin sujeción a un límite temporal determinado.

Convencida de que el sistema “ha generado problemas”, la presidenta propone una norma sin plazos que traslade “los beneficios de esta ley de Memoria Democrática, que han sido muchos, a una norma definitiva”. El formato “puede ser simplemente un articulado nuevo en el Código Civil”, aventura, pero la clave de su reforma es la retirada del plazo. Quizá la parte más importante, pero no la única. La propuesta del Consejo incluye además una ampliación del grado de parentesco de los beneficiarios que abra el proceso más allá de los nietos de los emigrantes españoles, el nivel hasta el que ahora llega la ley de Memoria Democrática, que en general admite hasta la segunda generación de sucesores de exiliados y víctimas de la dictadura franquista, así como a los descendientes de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978.

La discriminación de los bisnietos

Siguiendo la argumentación de Violeta Alonso, convendría ampliar los supuestos de acceso a la nacionalidad porque la norma actual “está dejando a gente fuera” y generando incluso “casos de discriminación” entre los hijos de los nietos de los emigrantes. La ley se ha dado en llamar popularmente “de nietos”, es cierto, pero en realidad admite también a los bisnietos mayores de edad siempre que sus padres hayan optado por la nacionalidad española, y aquí emerge un problema. “El bisnieto de un emigrante varón está pudiendo acceder, porque sus padres nacían españoles aunque vinieran al mundo en el extranjero”, explica Alonso, “pero los hijos de la mujer no”. En la práctica, así pues, la legislación da acogida a una generación más si el emigrante original fue un hombre y excluye a los descendientes en tercera generación de las mujeres.

He ahí una de las disfunciones que debería solventar una nueva ley que en la propuesta del Consejo también debería “dar acceso a la nacionalidad a todos los descendientes de emigrantes, sin límite por generaciones. Es decir, que puedan entrar todos aquellos que puedan demostrar que han tenido un ascendiente español o española en cualquier grado”, señala Alonso, consciente de que su planteamiento es “de máximos” y de lo que ya ha advertido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres: para llevar a término la reforma les hace falta algo que no abunda en España, consenso político y capacidad de entendimiento.

El juego de las mayorías parlamentarias anuncia un obstáculo evidente, los equilibrios de poder son complejos y “es verdad que hay reticencias en algunos partidos a hacer una reforma tan generosa del acceso a la nacionalidad”, admite la presidenta del Consejo de la Ciudadanía Española en el Exterior, pero también que “el PSOE y el PP han dicho que son partidarios de una ley definitiva”.

Sabe que eso no garantiza nada, que “en la tesitura actual el acuerdo entre los dos es complicado”, pero en cualquier caso “nosotros la vamos a intentar impulsar”, remata, y su propuesta ya está sobre la mesa de las comisiones de Justicia del Congreso y del Senado. “La conoce también el Ministerio de Justicia” y la tendrán los partidos políticos… Van a por todo, “queremos una ley más amplia y más generosa”, pero reconocen que de entrada “ya sería positivo que la Ley de Memoria Democrática se plasmase en una norma definitiva, sin límite temporal”.

Además del acceso a la nacionalidad, por lo demás, también piden atención a la regulación de su pérdida, dado que en la situación actual hay muchos emigrantes con doble nacionalidad que la pierden sin querer. Se les exige un “acto de conservación” a los tres años de la mayoría de edad en el que manifiesten su intención de seguir siendo españoles, pero muchos no lo saben y dejan de serlo involuntariamente. Por eso “también pretendemos que la pérdida únicamente se pueda materializar el cese de manera voluntaria”.

Socia de honor en Buenos Aires

En su recorrido argentino incluyó Violeta Alonso, cómo no, una parada para visitar a la muy relevante comunidad astur en Argentina y ser nombrada socia honorífica del Centro Asturiano de Buenos Aires. “Ya soy parte de la colectividad asturiana en Argentina”, presume complacida por la “vitalidad” y “proyección de futuro” del Centro. Por volumen y dinamismo, concluye, “la comunidad asturiana en el exterior es de las más activas, de las más vitales y de las que tienen más futuro”.