Ignorancia estratégica sobre Ceuta y Melilla: la fragilidad intelectual de un exconsejero del Pentágono

La crítica política es una constante en las democracias. Los gobiernos se discuten, se cuestionan y, llegado el momento, se sustituyen en las urnas. Quien quiera cuestionar la política del Ejecutivo de Pedro Sánchez encontrará abundante material para hacerlo. Pero convertir ese debate legítimo en una revisión fantasiosa de la historia europea es otra cosa muy distinta.

Eso es precisamente lo que ha hecho el analista estadounidense Michael Rubin al sugerir que Donald Trump debería declarar a Ceuta y Melilla como "territorios marroquíes ocupados”.

La propuesta no solo es políticamente extravagante. Revela, sobre todo, una sorprendente fragilidad intelectual.

Una primera debilidad salta a la vista: la ausencia casi total de contexto histórico. Ceuta forma parte de la monarquía hispánica desde el siglo XVII, tras haber sido conquistada por Portugal en 1415 y optar por permanecer vinculada a España tras la separación de las coronas ibéricas. Melilla fue incorporada a la Corona de Castilla en 1497. Dicho de forma sencilla: la presencia española en ambas ciudades precede en siglos a la formación del Estado marroquí moderno.

Ignorar este hecho no es una interpretación alternativa de la historia. Es simplemente desconocerla.

Pero el problema del razonamiento de Rubin va más allá del calendario histórico. Su argumento revela también una notable inconsistencia conceptual. Si Ceuta y Melilla fueran territorios “ocupados”, cabría esperar que su población viviera esa situación como una imposición política. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario.

Sus habitantes son ciudadanos españoles de pleno derecho, participan en las elecciones nacionales y forman parte de las instituciones democráticas del país. No se trata de enclaves coloniales administrados desde la distancia, sino de ciudades integradas en el sistema constitucional español y en el espacio político europeo.

Este detalle, que cualquier análisis serio debería considerar central, desaparece por completo en la tesis del analista estadounidense.

Existe además una realidad aún más reveladora. Miles de ciudadanos de Marruecos arriesgan cada año su vida intentando alcanzar esas ciudades. Este fenómeno encierra una paradoja difícil de ignorar. Quienes saltan las vallas o se lanzan al mar para llegar a Ceuta o Melilla no luchan contra una ocupación. Buscan precisamente lo que saben que encontrarán al otro lado: un Estado de derecho, oportunidades económicas y libertades civiles que perciben como inaccesibles en su propio país.

En ese gesto desesperado hay, paradójicamente, una confirmación silenciosa de la naturaleza política de esas ciudades.

Las debilidades del argumento de Rubin, por tanto, no son solo históricas. Son también analíticas. Su razonamiento parte de una premisa ideológica —convertir una disputa política contemporánea en una cuestión de soberanía territorial— y después intenta acomodar la historia a esa conclusión previamente establecida.

Ese procedimiento puede servir para alimentar titulares provocadores, pero difícilmente resiste el examen de un análisis serio.

La geopolítica exige algo más que opiniones contundentes: requiere conocimiento histórico, comprensión de las realidades sociales y respeto por la complejidad de los procesos políticos.

Cuando esos elementos faltan, lo que queda ya no es estrategia ni análisis internacional.

Es simplemente una demostración pública de ligereza intelectual.