03 de agosto de 2007
03.08.2007

Desarticulada una red de inmigración ilegal en el Principado

Un matrimonio, formado por un asturiano y una brasileña, es detenido como responsable del entramado financiero

03.08.2007 | 17:19

El Grupo I de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Asturias en colaboración con el Servicio de Extranjeros y Fronteras de Portugal, la Seguridad Social y la Inspección General de Trabajo de Portugal, han procedido a la desarticulación de una red de inmigración ilegal dedicado a introducción y explotación laboral de trabajadores extranjeros en el sector de la construcción, según informaron fuentes policiales. 

Se trata de la sexta operación que se lleva a cabo este año destinada a la detección y desarticulación de redes criminales de inmigración ilegal, denominada ´Operación Pirata´. Para conseguir explotar a los inmigrantes, los integrantes de la red habían tejido un complejo entramado empresarial, que pasaba por la constitución de entidades mercantiles, tanto en España como en Portugal, que al amparo de la legislación laboral en materia de desplazamiento de trabajadores transnacionales, mayoritariamente brasileños, habían logrado mediante la falsificación de documentos, facilitar la entrada a los inmigrantes y su posterior colocación en empresas ligadas al mundo de la construcción. En Asturias, un matrimonio formado por un ciudadano español y una ciudadana brasileña, había constituido dos sociedades mercantiles, la primera de ellas en España, y la segunda en Portugal con idéntico objeto social, realizar labores y actividades relacionadas con el sector de la construcción. 

A través de terceras personas de la organización, captaban a ciudadanos brasileños en su país de origen, bajo la falsa promesa de un empleo digno y legal en nuestro país. Los extranjeros, confiados en mejorar sus condiciones de vida, abandonaban sus trabajos y familia en origen, llevando a cabo fuertes desembolsos económicos, para trasladarse posteriormente a España. La realidad es que estos trabajadores carecerían de los preceptivos permisos de residencia y trabajo tanto en España como en Portugal, y que una vez en suelo español, eran desviados para trabajar en diferentes obras de construcción de Asturias, mediante diferentes subcontratas, una de ellas con una importante empresa del sector de la construcción de esta provincia. 

Las condiciones laborales de estos trabajadores vulneraban gravemente sus derechos sociales tanto en España como en Portugal ya que sus seguros sociales nunca fueron abonados en ninguno de los países. El fraude legal que cometía ésta organización se materializaba a través de la empresa española, la cual realizaba presuntamente altas fraudulentas en la Seguridad Social, mediante documentos de identidad portuguesas y certificados del Número de Identidad de Extranjeros falsos, a través del sistema informático RED de la Tesorería General de la Seguridad Social. Para ello presuntamente actuaban en connivencia con los responsables de una asesoría sita en Gijón de la que eran clientes. Se ha podido constatar que dicha empresa española habría contraído deudas con la Seguridad Social española por un importe aproximado de unos 14.000 euros. 

Asimismo, a través de los servicios policiales de cooperación internacional, se ha comprobado que unos quince trabajadores encuadrados dentro de la empresa portuguesa se les había realizado descuentos anormales para la Seguridad Social portuguesa, y ninguno se encontraba inscrito en el Sistema Integrado de informaciones del Servicio de Extranjeros y Fronteras portugués como titular de un permiso de trabajo y residencia. Además, en el momento de la intervención policial, se pudo determinar que la precintada empresa habría solicitado visados de trabajo para otros 18 trabajadores brasileños que en los próximos meses tenían prevista su llegada a España. Todo este entramado se realizaría al amparo de la legislación en materia de trabajadores transnacionales, que permite a una empresa comunitaria trasladar a sus trabajadores a otro país de la Unión Europea para realizar un prestación de obra y servicios por tiempo determinado, pero manteniendo su sede e infraestructura empresarial en el país de origen, así como, su cotizaciones sociales. 

En este caso, la organización habían diseñado una sociedad mercantil en Portugal pero cuya actividad, infraestructura y actividad se desarrollaría ilegalmente en otra sociedad creada en España. De esta manera la empresa española daría cobertura a la entidad portuguesa, ya que contrataría obras con terceros, que posteriormente subcontrataría con ésta, perteneciendo ambas a los mismos propietarios, e incumpliendo por tanto de manera muy grave la normativa laboral. 

DETENIDOS 

Además del matrimonio detenido E.G.P , hombre de 41 nacido en Mieres (Asturias) y C.C.D.S, mujer de 32 años, nacida en Brasil se Asimismo se han realizado imputaciones a los responsables, tanto de la empresa constructora principal, en cuanto al posible incumplimiento grave de las obligaciones laborales de los trabajadores extranjeros de la empresa subcontratada, más allá de la mera infracción administrativa, como a los responsables de la asesoría donde se tramitaron altas irregulares a través del Sistema RED de la Tesorería General de la Seguridad Social. A ninguno de ellos les constaban antecedentes policiales anteriores. 

Tras ser oídos en declaración fueron puestos en libertad con cargos. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número Cuatro de Gijón. En lo que va de año la Jefatura Superior de Policía de Asturias, a través de sus Grupos de Extranjería y Documentación, altamente especializados en la investigación de redes criminales nacionales e internacionales, se han desarticulado, contando esta última SEIS organizaciones criminales dedicadas al favorecimiento de la inmigración ilegal y a la explotación laboral o sexual de personas. 

ANTECEDENTES 

Ya en el mes de febrero se llevó a cabo una primera operación que culminó con la desarticulación de una organización dedicada a la introducción en España de inmigrantes ucranianos, guineanos y brasileños que portaban cartas de identidad portuguesas falsificadas. Los trabajadores irregulares eran contratados a través de diferentes empresas radicadas en Portugal, quienes a su vez, eran subcontratas por otras mercantiles españolas para realizar diferentes trabajos en el ramo de la construcción. Se detuvo a 20 personas. 

En ese mes de febrero se llevó a cabo otra segunda operación, en la que se detuvo en Grado (Asturias) a la gerente de una Agencia de Colocación dedicada a la captación de ciudadanos extranjeros ilegales para el cuidado a domicilio de personas mayores y enfermas. A mediados de febrero se culminó una tercera operación que supuso la desarticulación de una red dedicada a la falsificación de certificados de antecedentes judiciales de la República Nigeriana. Se había detectado a varios ciudadanos nigerianos que para conseguir un permiso de Residencia y Trabajo en España, estaban presentando Certificados de Antecedentes Judiciales de la República de Nigeria falsos. Cinco mujeres fueron detenidas por falsificación documental. Tres de ellas eran ciudadanas de Nigeria y dos de Brasil. A finales de febrero se llevó a cabo la cuarta operación y se detuvo en Cudillero (Asturias) a un miembro relevante de una organización criminal con sede en Brasil y con ramificaciones en toda España. El individuo que actuaba de "pasador" había huido de Barcelona y se encontraba trabajando para una empresa de construcción asturiana. En la quinta operación, el 22 de mayo la Brigada de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, culminó una importante investigación policial que se cerró con la detención de 13 personas.EUROPA PRESS

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