Riaño (León), D. CAMPO

De entre todos los protagonistas de la demolición y la inundación de Riaño, un nombre concita la animadversión: Javier Luis Sáenz de Cosculluela, el por entonces ministro de Obras Públicas del Ejecutivo socialista. Cosculluela llevó a cabo el cierre del embalse de Riaño y, por tanto, el desalojo del pueblo. No existe un solo punto de encuentro entre las posturas de unos y otros y, es más, ambas partes parecen relatar escenarios completamente diferentes. Para Sáenz de Cosculluela, los vecinos no fueron expulsados de sus casas: «No echamos a nadie. En 1987 ya estaban todas expropiadas y las personas que vivían allí no eran sus titulares legales. Además, aquel Gobierno destinó hasta 11.000 millones de pesetas para indemnizaciones». Alejado hace años de la política, recuerda que «se pretendía alcanzar dos objetivos: regular el cauce de los ríos y recursos para el riego».

Es precisamente este último objeto de discusión y polémica entre vecinos, entre ellos el propio alcalde Alonso, que asegura que de las 100.000 hectáreas previstas para el regadío no se ha alcanzado ni la mitad. A la par, florecen otros rumores, como los supuestos intereses en la producción energética que fueron ocultados en aquellos años o que Riaño era la compensación por la no puesta en funcionamiento de la central nuclear de Lemóniz, en el País Vasco. El ex ministro, por su parte, opina que «si no se ha cumplido el objetivo de riego es por irresponsabilidad de las consejerías en política de agricultura, no por mala praxis del Ministerio en aquella actuación».

Impacto medioambiental

En cuanto al desalojo, para la historia queda la fotografía de Mauricio Peña en la que un anciano, Valentín Alonso, empuña un palo ante la presencia del contingente de guardias civiles llegados hasta allí. También la historia de Simón Pardo del Molino, conocido como «Mones», que se voló la cabeza la noche anterior a que las excavadoras hicieran escombro su casa, es ampliamente conocida. Sáenz de Cosculluela se ampara en el hecho de que «con ese amplio despliegue de guardias civiles precisamente lo que se pretendía era evitar enfrentamientos directos e incidentes, y he de decir que se logró».

Tampoco tienen razón para el ex ministro quienes sostienen que el cierre de la presa fue acelerado debido a que existía un decreto sobre impacto medioambiental que entraba en vigor el 1 de enero de 1988. Sáenz de Cosculluela se justifica aseverando que «la presa estaba hecha, sólo faltaba cerrar el embalse. Es mentira que se corriera, pues en ningún caso ese decreto impedía realizar la obra». Tampoco acepta el ex ministro las críticas que recuerdan el origen franquista del proyecto. Cosculluela expresa su disconformidad con ese parecer y replica que «en España se llevan construyendo pantanos desde la época de los romanos. El que piense que sólo con Franco se realizaban estas obras es un imbécil que no conoce la historia de este país».