Oviedo, Idoya RONZÓN
Ana María García González sujeta entre sus manos una receta. Son medicamentos que necesita. Quince euros. La mujer rompe a llorar, entre la angustia y la vergüenza, porque ni siquiera puede afrontar este gasto sin recurrir a la caridad. Ana María, de 50 años y vecina de Salinas, no trabaja ni puede hacerlo. Está diagnosticada de esclerosis múltiple, obesidad mórbida y depresión, entre una larga lista de padecimientos que le dejan el cuerpo dolorido cada mañana y que le hacen tomar 17 pastillas diarias y ponerse una inyección en días alternos. Ana María es una de las caras más amargas de la huelga de funcionarios de Justicia, que hoy cumple dos meses.
El pasado 15 de febrero estaba prevista la vista de su divorcio. Tras 27 años de matrimonio, el juicio fue fijado nueve días después del inicio de la huelga. Fue suspendido, como otros miles en toda la región que no fueron considerados dentro del saco de los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Justicia. La pareja tenía establecidas unas medidas provisionales, por las que el juez otorgó el uso de la vivienda familiar a Ana María y, a su todavía esposo, el pago de la hipoteca. Pero en tanto no se celebre el juicio y haya sentencia, la mujer no tiene derecho a que su marido le pase pensión compensatoria alguna. Y, sin sueldo, cada día se convierte para Ana María en una cuesta hasta para comprar comida. Su marido, sin orden judicial de por medio, se ha desentendido. Y los servicios sociales no le conceden ayudas económicas -lo ha intentado por activa y por pasiva- mientras no aporte la sentencia de divorcio. Se la exigen. Pero ella necesita la ayuda ya: cuando tenga consigo el fallo y su marido le entregue la cantidad de dinero que estipule el juez, ya no la precisará. Le han llegado a cortar la luz y el agua, por impago. Tiene dos hijos, que trabajan -sus sueldos no superan los 900 euros y se hacen cargo de los recibos, aunque tienen sus propias responsabilidades económicas- e infinidad de veces ha recurrido a hermanos y a su madre para vivir el día a día. «Pero ya no puedo meterles más cargas; estoy desesperada».
La huelga de funcionarios de Justicia es discriminada. No afecta a todos los ciudadanos por igual. De hecho, la mayoría pasa de largo sin apenas detenerse en ella. Pero a quien le toca, en el centro de la diana, le desbarata la vida. Así lo relata el abogado ovetense Pedro Menéndez Prieto, letrado de Ana María García. «Los efectos están siendo devastadores. Las situaciones de calvario personal que se están viviendo son especialmente acuciantes en materia de familia o violencia de género». A día de hoy hay seis mil juicios suspendidos en Asturias, unos 35.000 escritos de distinta índole que están parados y unas 15.000 diligencias judiciales pendientes de realizar.
El caso de Ana María García no es el único. Las que siguen son historias reales, en las que se han omitido las identidades reales de las personas implicadas para preservar su intimidad. Los nombres que aparecen son ficticios. Todas ellas, explica Menéndez Prieto, se acumulan en Juzgados, a la espera de una solución al conflicto.
Pravia. A finales del mes de agosto, María Pérez interpuso una demanda de divorcio contra su marido. Solicitó que el esposo abandonara el domicilio familiar. Sin embargo, la demanda no llegó siquiera a turnarse, por el inicio de la huelga de funcionarios.
El matrimonio, que tiene dos hijos menores de edad, reside en un piso de alquiler, que paga la esposa, quien además se hace cargo de los hijos. El hombre se niega a abandonar la vivienda, en una situación insostenible. Aún no se ha señalado la fecha para la celebración de las medidas provisionales, así que se da la paradoja de que ambos viven bajo el mismo techo. Pero es que, además, el hombre no sólo no le pasa a María ni un céntimo para la manutención de los niños, sino que además vive gratuitamente en el piso que únicamente costea la esposa, con la ayuda de familiares. Al no haber orden judicial de por medio, la mujer está atada de pies y manos.
Son especialmente paradójicas las situaciones en las que, eventualmente, el progenitor que tiene la custodia de un menor incumple u obstaculiza el régimen de visitas. «Si bien caben varias alternativas para sancionar estas conductas», explica el abogado, «ninguna de ellas se canalizaría por las vías amparadas por los servicios mínimos, y por lo tanto se dan situaciones especialmente delicadas». Entre los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Justicia tampoco entran las denuncias penales por la comisión de delitos de abandono de familia.
Oviedo. Andrés Fernández interpuso una demanda contra la madre de su hija para poder ejercitar y ampliar su derecho de visitas. La mujer se negó en banda y hasta comenzó a poner a la niña en su contra. Existe un informe del equipo psicosocial del Juzgado que aconseja la restauración e incluso la ampliación de la relación entre padre e hija, ya que se considera favorable para el desarrollo de la niña.
A consecuencia de la huelga de funcionarios, se suspendió el juicio verbal de modificación de medidas. A día de hoy, el hombre no tiene conocimiento del momento en que la vista se fijará de nuevo. Entre tanto, las visitas a su hija no se están produciendo. Ni siquiera pudo pasar con ella ni un solo día durante las vacaciones de Semana Santa, ya que la madre de la pequeña no se lo permitió. No sabe cuándo va a volver a verla y no puede hacer nada al respecto.
Oviedo. Los casos de la llamada violencia de género tienen una doble perspectiva. Estela Álvarez denunció a su ex pareja por un supuesto delito de maltrato. El hombre fue detenido y pasó a disposición del juez, para celebrar un juicio rápido. Sin embargo, al no haber conformidad -el hombre no reconoce las acusaciones-, se fijó fecha para el desarrollo de un juicio convencional en uno de los Juzgados de lo penal de la capital asturiana. La cita iba a ser el pasado 14 de marzo. De forma cautelar, el juez de guardia prohibió al hombre aproximarse a su ex pareja, así como tener y usar armas de fuego. Esta medida permanecerá vigente mientras se tramita el procedimiento.
La huelga obligó a suspender el juicio, ya que sólo se celebran los asuntos en los que al menos uno de los acusados se encuentra en prisión. Así, el presunto maltratador, sin estar condenado e incluso habiendo podido resultar absuelto en su día -se mantiene su presunción de inocencia-, está viviendo un «auténtico calvario», pues reside en la misma localidad que su ex pareja, de escasa población.
Esto hace que tenga que vivir en un «un continuo estado de alarma» para no quebrantar la orden de alejamiento, «sin contar, además, los graves inconvenientes que le causa la prohibición de llevar armas, ya que trabaja como vigilante de seguridad, además del descrédito personal en su empresa», según afirma su abogado.
