Un total de 554 presos de Villabona recibe actualmente tratamiento psiquiátrico, según confirmaron fuentes penitenciarias. Esto supone más de un tercio del total de la población reclusa de la cárcel asturiana, que a día de ayer ascendía a 1.447 internos.
La sentencia por el asesinato del niño Borja Solar, en Gijón, degollado en un parque por un demente que esta semana fue condenado a quince años, reavivó la polémica. En el fallo, la magistrada de la Sección Octava de la Audiencia Alicia Martínez puso en evidencia el «deficiente funcionamiento del sistema de tratamiento de enfermos mentales», muchos de los cuales van a parar a la cárcel, donde no reciben la atención ni el seguimiento adecuados.
Villabona, gracias al convenio firmado entre la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y la Consejería de Sanidad, dispone de asistencia psiquiátrica, un día a la semana, prestada por especialistas del Sespa. Esta ayuda, según el director de la prisión, José Carlos Díez de la Varga, «supone un refuerzo muy importante para el equipo médico del centro, integrado únicamente por médicos generalistas que están trabajando mucho y muy bien y que, a base de experiencia y mucho interés, ya saben hacer hasta milagros».
De la Varga es rotundo: «La prisión no es una respuesta adecuada al problema de salud mental de los internos, más bien es una dificultad añadida a su patología. El problema de los enfermos mentales en prisión es grave y aumenta en número de forma vertiginosa. Es un conflicto social, político y de salud pública, no sólo penitenciario. El sistema carcelario no puede suplir lo que el sistema sanitario debe proveer».
Estos internos con problemas mentales conviven a diario con el resto de reclusos, sin distinciones y, a pesar de que tienen pautada su medicación, la realidad es que nadie los obliga a tomarla ni se cerciora de que lo hayan hecho. «La prisión no debe ser una respuesta al problema del enfermo mental», insiste el director de Villabona, «y el derecho penal se ha diseñado para personas cuerdas que, con su comportamiento malicioso, causan daño a bienes jurídicos ajenos que deben ser protegidos. Las patologías psiquiátricas son una realidad cuantitativa y cualitativamente muy importante en el sistema penitenciario, y éste no puede, ni debe, en mi modesta opinión, albergar a personas que, en su momento, eran pacientes de centros psiquiátricos y ahora ingresan en las cárceles después de haber producido dolor y daño a otras personas o a sí mismos».
La inclusión de enfermos mentales entre los reclusos convencionales trae consigo, entre otras consecuencias, la masificación de las cárceles, un asunto alarmante, potenciado desde la entrada en vigor en 2003 de la ley de cumplimiento íntegro de las penas. «Sin entrar a valorar su contenido, que no le corresponde al director de una cárcel», apunta Díez de la Varga, «es necesario constatar que cualquier medida legislativa debe llevar consigo la previsión del correspondiente gasto económico para hacer frente a la misma. De lo contrario, la solución de un problema generará de inmediato otro diferente. Y lo cierto es que la entrada en vigor de esta ley no se acompañó de la construcción inmediata de nuevos centros penitenciarios ni del correspondiente aumento de plantillas». Y añade: «Si queremos cumplimiento íntegro de las penas, en régimen de privación de libertad, lo coherente es construir cárceles que puedan soportar con dignidad el aumento de la población reclusa. Y esto no se hizo en su momento. Se puso en marcha un mecanismo para aumentar constantemente la población penitenciaria, pero no se hizo el correspondiente gasto en la construcción de cárceles. La situación actual era previsible para cualquier persona que hiciera una somera reflexión sobre esta cuestión». Según apunta, «el plan más ambicioso de construcción de centros penitenciarios se ha realizado en la presente legislatura, de la mano de la actual directora general, Mercedes Gallizo, con doce prisiones y treinta centros de inserción social. Pero la construcción de estos centros será, aparte de costosa económicamente, lenta y farragosa por el rechazo social que a veces existe a tener cerca una prisión. Y cuando entren en funcionamiento, si se mantiene el actual ritmo de ingresos en prisión, estaremos en circunstancias similares a las actuales».
A esta circunstancia hay que sumar, además, el problema de las toxicomanías en prisión. De los 1.447 reclusos que alberga Villabona, 240 reciben a diario tratamiento a base de metadona, un sustitutivo utilizado en los procesos de desintoxicación.
«La prisión no debe ser la respuesta a un problema mental»
