Jaime Rabanal García (La Robla, León, 1952) es licenciado en Económicas por la Universidad de Santiago y especialista en Dirección Estratégica por la Universidad Politécnica de Valencia. Llegó a la Administración regional en marzo de 2000 de la mano de la entonces consejera de Economía, Elena Carantoña. En aquel momento ocupó la Dirección General de Presupuestos y Patrimonio de la Consejería de Hacienda. Seis meses después sustituyó a la propia Carantoña como responsable de la Consejería. Desde entonces, con un perfil muy técnico, se ha convertido en uno de los hombres fuertes del Ejecutivo regional y persona de confianza del presidente, Vicente Álvarez Areces.

-La Junta aprobará este mes la primera ley de crédito extraordinario. Primer tanto a su favor en esta legislatura.

-Parece, por las manifestaciones de sus dirigentes, que los partidos de la oposición han entendido que el crédito es un objetivo deseable. Paliará en parte algunos de los problemas derivados de la prórroga para poner en marcha proyectos necesarios para Asturias. Estos proyectos también contribuirán a mantener el funcionamiento de la actividad económica con inversiones en áreas importantes, como servicios sociales, educación, vivienda y otras obras importantes, como el acceso al Hospital Central. Estamos satisfechos de que se apruebe.

-Un asunto candente es la financiación autonómica. ¿Prepara Asturias un frente común con otras autonomías?

-No estamos en ninguna clave de frente común. Lo que estamos es en la clave de una discusión multilateral y en ese sentido hay más coincidencias con unas comunidades autónomas que con otras. Simplemente porque tenemos problemas comunes: Galicia, Extremadura, Cantabria, Castilla y León? Hay todo un conjunto de comunidades que tienen características comunes, de envejecimiento, de menor actividad económica, de menor nivel de renta, también que han sido menos influida estos años por el aumento de la población... Hay muchas características comunes y por eso podemos compartir una visión de la financiación autonómica y en su caso de la revisión del modelo de financiación autonómica actual.

-Rodríguez Zapatero prefirió ir a la segunda vuelta para su investidura y no verse atado por acuerdos con otros partidos, como los nacionalistas. ¿Será una ventaja para negociar la financiación autonómica?

-En la Constitución no hay diferencia entre comunidades autonómicas grandes y pequeñas. Hay distinción entre cómo acceden a la autonomía. Pero una vez que acceden, todas son iguales y pueden alcanzar el mismo techo de competencias en función de los requerimientos y de los planteamientos de los gobiernos autonómicos y los ciudadanos. El hecho de que el Gobierno sea investido en segunda convocatoria señala el camino con el que quiere avanzar. En el caso de la financiación autonómica, como en tantas cosas, no se puede olvidar a los nacionalistas, pero tampoco se puede olvidar al PP, porque gobierna en muchas comunidades. Si queremos que el modelo de financiación sea aplicable a todas las comunidades, el concurso del PP es imprescindible.

-¿No tener ataduras con nacionalistas facilitará acuerdos con el PP?

-No tiene por qué ser más fácil. La revisión del modelo de financiación tiene dificultades específicas que tienen en parte poco que ver con las posiciones de los partidos políticos y mucho que ver con las características de las comunidades autónomas: actividad económica, nivel de renta, criterios de población, dispersión, envejecimiento?

-Zapatero ha accedido a la demanda nacionalista para publicar las balanzas fiscales.

-No deben influir en nada. Son sólo un ejercicio académico de conocimiento, como las balanzas comerciales, las turísticas, de capital? Pero la financiación autonómica es otra cosa. En este sentido, los principios constitucionales son claros: garantizar que los ciudadanos asturianos o de cualquier otro lugar de España tienen servicios similares, y la responsabilidad primera para alcanzar ese objetivo es del Estado. Y el Estado tiene unos criterios claros por los principios constitucionales de cohesión territorial y social, y la financiación autonómica es un instrumento para garantizarlo. Por tanto, no tiene que haber diferenciación para que el nivel de servicios acordados para el conjunto del país se garantice en cualquier situación. Y eso es la suficiencia financiera.

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