El consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal, afirmó hoy en la Junta General del Principado que espera cerrar en las "próximas semanas" el acuerdo con la UTE adjudicataria de las obras del Hospital Central Universitario de Asturias, HUCA. Así Rabanal indicó que en estos momentos se están discutiendo los "precios contradictorios" que no están contemplados en el proyecto inicial y por tanto deben ser discutidos con las empresas.
Preguntado por la cantidad que reclama la UTE adjudicataria por los cambios encargados por Gispasa --Empresa encargada de gestionar las obras-- Rabanal dijo que "se discuten cantidades en torno a los 45 millones arriba o abajo", aunque añadió que no puede precisar la cantidad concreta hasta que no se cierren las negociaciones. Rabanal compareció hoy en la comisión de Economía y Asuntos Europeos a petición de los diputados del PP, para informar de todo lo relacionado con los sobrecostes de la obra del Hospital Central Universitario de Asturias.
La intervención del consejero no convenció al grupo del PP. Así, el diputado 'popular', Agustín Cuervas-Mons, recordó que el modificado del proyecto básico del HUCA presentado en febrero de 2007 tenía un presupuesto de algo más de 5.9 millones de euros, una cantidad que dista mucho de la que el nuevo modificado puede alcanzar. En este sentido Rabanal manifestó que nada tenía que ver el modificado de febrero de 2007 --con la estructura, la mejora de la climatización y las mejoras energéticas-- con lo que se recoge en el nuevo modificado que "cuando esté listo se presentará en el Ayuntamiento". "El nuevo modificado contiene unos 1.500 planos más", dijo Rabanal, para tratar de ilustrar las diferencias entre lo que calificó como "modificado básico" y el "modificado final".
"PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS"
La marcha de las obras, y el retraso de las mismas denunciado por el PP también fue motivo de controversia en la comisión parlamentaria de Economía. Jaime Rabanal manifestó que la ejecución de las obras a fecha actual "responde a los parámetros de este tipo de proyecto". Indicó que actualmente hay "unos 171 trabajadores a pie de obra de media y están en funcionamiento todos los materiales -grúas y demás--".
"Ejecutamos con normalidad el edificio y de forma paralela trabajamos en la modificación del proyecto, que implicará un aumento de presupuesto que responde a la mejora de los servicios y que se está discutiendo con las empresas constructoras", dijo Rabanal que indicó que se trata de edificar un hospital que responda a los retos sanitarios de la medicina del siglo XXI. Desde el PP se manifestó en reiteradas ocasiones que la obra "lleva retrasos", y Cuervas Mons acusó al Consejero de "no contar la verdad", ya que aseguró que el plan de medios materiales y humanos previstos en la contratación de las obras no se está cumpliendo. Así, el diputado del PP indicó que según el contrato en este momento debería existir unos 700 empleados trabajando en la obra. "¿Desde cuándo llevan las obras en un proceso de ralentización?", dijo Cuervas-Mons, lo que provocó el enfado de Rabanal que insistió en que las obras llevan un ritmo normal y no hay modificación alguna sobre los plazos previstos. "No hay razón alguna para decir que la ejecución de las obras irá más allá de los 54 meses de plazo previstos", dijo Rabanal.
Ya en el turno de fijación de posiciones, el diputado del PP, Carlos Galcerán, manifestó que "nunca es disculpable en política y en la gestión de lo público la mentira" y añadió que en lo que tiene que ver con el HUCA "se ha mentido a sabiendas". "El nuevo HUCA va a costar por los menos 250 millones de euros y no tiene perdón que en abril de 2008 no sepamos el precio exacto", dijo Galcerán, que insistió además en el retraso que acumulan los trabajos. "Vamos a llegar a donde tengamos que llegar, pero esta obra tendrá luz y taquígrafos hasta el último euro", concluyó Galcerán. Por su parte la diputada de IU-BA-Verdes, Noemí Martín, aseguró que "hubo una falta de organización y planificación o hubo una licitación del proyecto a la baja", ya que según explicó todos los modificados --excepto el código de edificación-- podían haber sido previstas en el año 2000. Además Martín exigió "transparencia" en la negociación con la UTE, porque recordó que existen "muchos datos contradictorios", ya que las empresas llegaron a hablar de cien millones de euros de sobrecoste. "Hay que saber a qué se deben realmente los sobrecostes y hasta dónde llegan?, concluyó Noemí Martín. EUROPA PRESS
