El Gobierno va a defender ante las instituciones europeas la legalidad de la aplicación del "céntimo sanitario" que algunas comunidades cobran en el impuesto sobre los carburantes en las gasolineras, así como la capacidad normativa de las autonomías para ejercer esta posibilidad.
Fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda han explicado a Efe que una vez recibido el dictamen de la Comisión Europea que considera ilegal cobrar este céntimo, el Ejecutivo tiene dos meses para resolver el asunto y está dispuesto a negociar con las autoridades de la UE.
Las mismas fuentes han insistido en que no descartan ir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo para defender esa capacidad normativa de las comunidades autónomas.
Ayer la Comisión Europea consideró que el impuesto sobre los carburantes en las gasolineras llamado "céntimo sanitario" y aplicado por las comunidades de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Galicia y Asturias no respeta la normativa europea, por lo que ha reclamado su revisión.
Sostiene que los impuestos especiales sobre los hidrocarburos están armonizados en la UE, por lo que el céntimo no cumple las condiciones específicas de una directiva de 1992 que prevé la posibilidad de que los productos ya sujetos a impuestos especiales armonizados, como los carburantes, estén gravados además por otros impuestos indirectos.
Las mismas fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda han precisado que varias de las comunidades afectadas se pusieron ayer en contacto con el Departamento y que éste les ha explicado que están dispuestos a ir al Tribunal de Luxemburgo para defender su capacidad normativa y que tienen dos meses para intentar resolver el asunto.
Han recordado que en 2002 Bruselas abrió un expediente por posible infracción, tras imponer la Comunidad de Madrid ese gravamen, y que el Ministerio recibió sendas "cartas de emplazamiento" en julio de 2003 y en julio de 2006, en las que pedían que se retirase el impuesto.
Tras precisar que en 2003 estaba el Gobierno del PP, han indicado que a la carta de 2006, el Gobierno contestó que estaban dispuestos a hablar del asunto y a negociar, pero no a terminar con la capacidad normativa de las comunidades.
Han añadido las fuentes que Bruselas mantiene en sus dictámenes que no se cumple la normativa europea, porque creen que se trata de un impuesto recaudatorio y que se cobra dos veces: una cuando la gasolina se vende al por mayor y otra en la venta directa.
