Oviedo, M. M. / J. A. A.
El Principado tiene previsto ingresar a lo largo de este año por el denominado «céntimo sanitario» unos 37 millones de euros. Una parte la recauda el Gobierno central, mientras que otra entra directamente en las arcas regionales a través del recargo adicional que se aplica en Asturias. Pero pese a esa doble entrada, la totalidad de los ingresos va a parar a la caja del Principado para contribuir al pago de la sanidad, un servicio público en el que se gasta el 38 por ciento del presupuesto de la comunidad autónoma, cerca de 1.500 millones anuales.
La aplicación del denominado «céntimo sanitario» fue aprobada en 2002 por el entonces Gobierno del PP de José María Aznar, con Rodrigo Rato como ministro de Economía y Cristóbal Montoro al frente de Hacienda. Se enmarcaba en el proceso de transferir Sanidad a las comunidades autónomas y en el nuevo modelo de financiación autonómica. Así que el objetivo de este tributo era, y es, financiar la sanidad pública.
Pero ante la escasez de recursos, el Gobierno autorizó a las comunidades autónomas a aplicar de forma voluntaria un recargo adicional a ese impuesto, que recaudaría la propia autonomía. Y se estableció un recargo máximo de 2,4 céntimos por litro de carburante. En la actualidad lo aplican seis comunidades autónomas de distinto signo político: Madrid, Asturias, Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.
Asturias decidió aplicar el recargo adicional del «céntimo sanitario» a partir de 2004, con una imposición de 2,4 céntimos por cada litro de gasolina y 2 céntimos por cada litro de gasóleo.
En 2007, el Principado destinó a la sanidad pública 1.416,8 millones, según las cifras aún provisionales que maneja la Administración regional.
El dictamen de la Unión Europea corrió como un reguero de pólvora por todo el país, con especial eco en las comunidades autónomas que tienen el «céntimo sanitario» como fuente de financiación para la sanidad. La Xunta de Galicia se puso en contacto con la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía en la tarde de ayer. El mensaje de la Administración central fue escueto: España alegará contra el informe comunitario. En Galicia, el tramo autonómico fue aprobado en 2006, bajo el Gobierno de Manuel Fraga.
