Oviedo, L. Á. V.
Que los jueces asturianos sean los más eficaces a la hora de dictar sentencia no quiere decir que no exista un problema cuando se trata de ejecutar esos fallos de forma rápida, como requiere la opinión pública tras salir a la luz los errores judiciales que hay detrás, por ejemplo, del homicidio de Mari Luz Cortés. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reveló esta semana que hay casi 270.000 sentencias sin ejecutar en España, una cifra que se achaca, por un lado, a la complejidad del proceso de ejecución, que puede alargarse en ocasiones más de un año, y, por otro, a la falta de personal y de medios informáticos adecuados. El número, con ser notable, es inferior al que había en 2005.
Respecto a Asturias, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), Ignacio Vidau, afirmó que la cantidad de sentencias penales pendientes de ejecutar en el Principado, cerca de 7.000, «no es alarmante·, sino que evidencia una situación «razonable». Pilar Martínez Ceyanes, juez decana de Oviedo, se manifestó radicalmente en contra de esta impresión. La sala con mayor atasco es el Juzgado de lo penal de Avilés, con 1.400 sentencias firmes en tramitación y pendientes de ejecución. Triplica el módulo que establece el CGPJ para los penales: 450 sentencias, que, una vez firmes, pasan a ser ejecutorias. Por ello, CSI-CSIF pide crear un segundo Juzgado.
Con la divulgación de estos datos, el CGPJ pretendía llamar la atención, al calor del caso Mari Luz, sobre la necesidad de mejorar los instrumentos informáticos, así como la urgencia de establecer determinadas «alarmas» que permitan a los jueces conocer cómo se está desarrollando el proceso de ejecución de sentencia. También, tener una información al minuto de situaciones como la prescripción de órdenes de busca y captura, la liquidación, los licenciamientos o suspensiones de penas o el incumplimiento de pago de penas económicas.
