Oviedo, Idoya RONZÓN

El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Asturias, Joaquín de la Riva, ordenó el año pasado la eliminación de diecisiete vertederos ilegales ubicados en distintos puntos de Asturias. En todos los casos se trataba de acumulaciones irregulares de residuos que no sólo suponían un deterioro para el medio ambiente, sino que entrañaban un alto riesgo en caso de incendio.

La noticia de la existencia de estos vertederos llegó a oídos del fiscal de mano de las Bripas (Brigadas de Investigación de Incendios Forestales del Principado), de la Guardería de Medio Rural y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), tras una instrucción previa lanzada desde la Fiscalía General del Estado para luchar contra este tipo de basureros. Son vertederos que dependen de las administraciones municipales, del concejo en el que se encuentren, que son las últimas responsables de su existencia y las encargadas de trasladar los residuos a un gestor autorizado, explica De la Riva.

Durante 2007, la Fiscalía de Medio Ambiente asturiana interpuso ante el juez quince denuncias por incendios forestales y formuló diecisiete acusaciones contra otros tantos presuntos pirómanos. De los siete juicios que se celebraron el año pasado, seis acabaron en condena.

Una de estas quince denuncias fue por uno de los asuntos que más preocupa a De la Riva en relación a los incendios forestales originados por negligencia. Se trata del tendido eléctrico, algo sobre lo que «se ha avanzado», apunta De la Riva, pero en lo que «aún queda mucho por hacer». Actualmente, el fiscal tiene sobre su mesa dos denuncias por incendios presuntamente provocados por el mal estado de las líneas eléctricas, uno de ellos en Santa Cruz de Mieres, que calcinó 31 hectáreas, y otro en Pravia, de menor entidad. Es, no obstante, una cifra lejana a la registrada en 2006, cuando se detectaron en Asturias nueve fuegos provocados por deficiencias en el tendido eléctrico, entre ellos el de Busindre (Valdés), el mayor incendio de la región de los últimos años, que afectó a 1.616 hectáreas y provocó daños forestales por valor de 2.128.887 euros. Las llamas se iniciaron por el contacto de los conductores con las copas de unos pinos, por no respetar las medidas de seguridad.

La labor preventiva, según De la Riva, es «fundamental» y no es otra que la continua inspección del tendido, detectando los posibles incumplimientos en las distancias a los árboles o la falta de limpieza de las calles o fajas de seguridad sobre las que discurren las líneas, con mucho combustible en las mismas. El fiscal reconoce que «desde la Administración se han tomado medidas» para disminuir los riesgos, «aunque todavía quedan cosas por hacer».

A lo largo de 2007 se registraron en el Principado 1.049 incendios, según los datos que maneja el Principado. El 64 por ciento de ellos fueron intencionados, según las investigaciones de las Bripas. En 2006 se contabilizaron en Asturias 1.778 y en 2005 un total de 2.281. Desde enero, la Fiscalía ha investigado o está investigando catorce denuncias por incendios.