Los denunciantes ven «una huida hacia delante que profundiza en una actuación ilegal»

Una «huida hacia delante para ganar tiempo» que «no es solución», «sólo alarga el problema» y profundiza en «una actuación ilegal de la Administración». José Antonio Alonso, del sindicato educativo SUATEA, valora así la decisión del Principado de mantener el pago a cuenta de la carrera profesional para los funcionarios que se adhirieron a ella. La organización sindical, una de las que apoyaron el recurso presentado por CSI contra la carrera, considera que la opción escogida por el Gobierno regional «les permite seguir discriminando a 5.000 docentes que no cobran y que tendrían derecho a ello, avalados por la justicia». Alonso se refiere a los funcionarios que se negaron a «firmar en blanco» su adhesión a la carrera y completa el argumento proclamando que «no vamos a admitir una salida ilegal».

A su juicio, la única admisible sería «una solución dentro de la legalidad», consistente en incluir los pagos a cuenta de la carrera profesional «dentro de uno de los conceptos retributivos que la sentencia del TSJA declara legales, es decir, el sueldo base, el complemento específico... Así se ha hecho en Cantabria, Castilla y León, Murcia o Castilla-La Mancha, comunidades con gobiernos del PSOE y del PP», afirma.

Detrás de todas estas decisiones, asegura el portavoz de SUATEA, «no está Ana Rosa Migoya, sino otros como Luis Iturrioz, viejo compañero de Areces, o el director general de Función Pública, Daniel Álvarez, es decir, el sector socioliberal del PSOE».

«La salida es incluir los pagos en uno de los conceptos que el TSJA considera legales»

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