06 de julio de 2009
06.07.2009

Un método «discrecional» frente a «una valoración objetiva»

06.07.2009 | 02:00

Oviedo, M. P.

La elección de la libre designación frente al concurso de méritos como método de designación de altos funcionarios frente a otros retrata a la Administración que lo emplea. Eso opinan los componentes del Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies que interpusieron los recursos recién resueltos por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.


Según el presidente de la asociación, Xabiel Villa, la libre designación «es un procedimiento totalmente discrecional de nombramiento y destitución en el que la Administración elige a quien estime oportuno para cubrir la plaza y lo destituye cuando pierde su confianza en él». Esto, a su juicio, «condiciona la imparcialidad del funcionario» frente al designado por concurso de méritos, un sistema «que requiere una valoración objetiva del currículum de los candidatos ajustada a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad».


A juicio de Villa, «la utilización masiva de la libre designación es propia de una administración clientelista, con control político férreo de los funcionarios, mientras que el concurso es el procedimiento normal en una administración profesional, objetiva e imparcial».

«Sin justificación suficiente»


Ante el recurso contra el empleo del sistema de libre designación para cubrir 43 puestos de coordinadores, analistas y asesores del Principado, la sentencia del 22 de junio establece que «no se ha exteriorizado una justificación suficiente para que sea asumible la tesis de que el puesto de trabajo implique la especial responsabilidad determinante para que sea cubierto mediante libre designación».


¿Cuándo se acepta la elección «a dedo»?


Sobre la libre designación, dice la sentencia, «establece la ley una doble previsión: la primera es que podrán cubrirse por este sistema determinados puestos en atención a la naturaleza de sus funciones; la segunda consiste en que sólo podrán cubrirse así puestos de subdirector general, delegados y directores regionales provinciales, secretarias de altos cargos y aquellos otros de carácter directivo o de especial responsabilidad».

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