Políticos «acorralados»

¿Deben pagar los políticos con su patrimonio personal por los errores cometidos en la vida pública? El caso del alcalde socialista de Siero, Juan José Corrales, que junto con su predecesor en el cargo, José Aurelio Álvarez (PP), han sido condenados por el Tribunal de Cuentas a devolver de sus bolsillos las retribuciones percibidas ilegalmente por los empleados municipales, ha puesto en el punto de mira una decisión judicial «excesiva» para muchos juristas.

Salvo el catedrático de Derecho Administrativo Raúl Bocanegra, todos los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA coinciden en que el fallo del Tribunal de Cuentas ha sido «demasiado duro», y que, en todo caso, el responsable contable debería ser el Ayuntamiento como administración local, por encima de la figura del regidor. De no ser así, advierten buena parte de los expertos, la responsabilidad política debería comenzar a considerarse desde un prisma completamente nuevo, porque nunca antes un alcalde había sido «castigado» de forma personal por una decisión política que, además, contó con el beneplácito del Pleno municipal.

Bocanegra, por su parte, considera que el alcalde es el máximo responsable del Ayuntamiento, y como ordenó un pago ilegal, debe reponerlo aunque sea a costa de su patrimonio. El catedrático no ve mayor complicación en el asunto, y sostiene que la sentencia es «ejemplarizante en el buen sentido». Es lo que opina también su compañero de despacho Alejandro Huergo. «Se ha producido un daño a la Hacienda Pública y hay que reponerlo; será un caso más o menos frecuente, pero aunque llame la atención ése es el mecanismo», explica Huergo, quien considera la sentencia «de libro».

Además, y con respecto a la posibilidad de que se cree un seguro para «blindar» el patrimonio de los alcaldes en casos como el de Siero, Huergo considera que esta solución supondría «matar moscas a cañonazos», puesto que si se generalizaran estas medidas, «estaríamos abonando el terreno para generar una cierta impunidad entre los políticos, que juegan con el dinero de todos cuando toman sus decisiones». En esta línea, el abogado considera que podría aplicarse el mismo criterio en muchas otras controversias, con lo que «tendríamos la sensación de que nunca pasa nada, hagan lo que hagan los responsables públicos».

Pero no es ésta la postura mayoritaria entre los juristas, responsabilidades políticas aparte. El abogado Javier Junceda, especialista en Derecho Administrativo, subraya que la decisión del Tribunal «chirría» y «es lo más alejado posible de una sentencia impecable». «El alcalde no es una figura que haga y deshaga como en otros tiempos, sino que las decisiones se toman desde una maquinaria administrativa», asegura Junceda, quien recuerda que Juan José Corrales está respaldado por un acuerdo plenario de todos los grupos políticos con representación municipal.

«Otra cosa sería que se hubiera saltado los informes, pero como parece que no fue así, creo que estamos ante una solución extravagante», sostiene el abogado ovetense. Junceda apunta que «la depuración de las responsabilidades políticas debe hacerse en otro ámbito», pero nunca a costa del patrimonio de los regidores «porque la responsabilidad es de la propia administración».

Javier García Luengo, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo y consejero académico de Garrigues, apunta que la decisión del Tribunal de Cuentas es «severa» y, «aunque nadie puede poner en duda que la legalidad debe cumplirse, y ningún experto dudaría de los problemas de legalidad de la decisión que adoptó unánimemente el Pleno del Ayuntamiento, es dudoso que haya concurrido ni dolo ni culpa grave en la actuación del Alcalde al ejecutarla» por la existencia de informes jurídicos externos que respaldaban dicha actuación.

En todo caso, García Luengo considera la posibilidad de que la responsabilidad de los dos regidores se diluya con el tiempo al devolverse las cantidades recibidas. «Sin entrar en valoraciones políticas, es evidente que la responsabilidad, si la hubiera, sería solidaria para todos los miembros de la Corporación», concluye el profesor.

El abogado Gerardo de la Iglesia, especialista en asuntos de la administración, también ha expresado su extrañeza por la sentencia del Tribunal de Cuentas. Para él, el fallo «chirría jurídicamente y choca directamente con los principios de nuestra legislación», toda vez que las responsabilidades patrimoniales corresponderían a los ayuntamientos y no a las personas que en cada momento estén al frente de ellos.

Por ahora, Corrales se muestra tranquilo y confiado en que su causa quedará definitivamente archivada en el Supremo. El regidor sierense siempre ha sostenido como principal argumento en su defensa que el dinero no fue para él, y que para aplicar la subida salarial contó con el apoyo del Pleno municipal.

La oposición en Siero también tienen claro que Corrales no debe pagar por una decisión del Pleno. El PSOE regional confía, por su parte, en que el recurso ante el Supremo prospere, porque el propio Tribunal de Cuentas contradice su jurisprudencia la no haber dictado nunca una sentencia en este sentido. La Federación Asturiana de Concejos ha mostrado, asimismo, su respaldo a los dos condenados, puesto que «ambos se limitaron a cumplir los acuerdos del Pleno».

Por ahora, y a la espera de que se resuelva el recurso, Juan José Corrales y José Aurelio Álvarez cuentan con el respaldo de buena parte de los juristas.

Devolución

El alcalde Juan José Corrales y el ex alcalde José Aurelio Álvarez han sido condenados a devolver 747.717 euros, la cantidad estimada por la subida salarial «ilegal» de los empleados municipales entre los años 1999 y 2001. El aumento vulneraba los límites fijados en la ley de presupuestos. El fallo no es firme y ha sido recurrido al Supremo. De este importe, se deducirán las cantidades que se vienen descontando del salario de estos trabajadores desde marzo del año pasado.

Responsabilidad

Estas cantidades se reclaman a Corrales como máximo responsable contable del Consistorio sierense, pese a que fueron respaldadas por unanimidad del Pleno del 16 de septiembre de 1999.

Desglose

Corrales deberá afrontar el pago de 692.912 euros, mientras que Álvarez deberá devolver 54.805, los correspondientes al período en que él estaba al frente del Ayuntamiento sierense.