IU teme que los recortes dejen fuera de la ley de Dependencia a 7.000 asturianos

La Consejería de Bienestar Social y Vivienda teme que, de no mejorar su consignación presupuestaria prevista para el próximo ejercicio, se paralice la aplicación de la ley de Dependencia en el Principado y se queden fue de ella miles de asturianos. Desde la Consejería, responsabilidad de Izquierda Unida, se calcula que la falta de fondos obligaría a dejar fuera del sistema de dependencia entre 6.000 y 7.000 personas que estaba previsto incorporar a lo largo del 2010. El recorte presupuestario también dejaría en el aire la mejora en determinados servicios e infraestructuras vinculadas con la dependencia y planificadas para el próximo año.

La coalición basa su inquietud en las cifras que el Gobierno de Vicente Álvarez (PSOE) ha puesto sobre la mesa y que supondría una reducción del 3,49 por ciento del dinero recibido por Bienestar Social en 2008. Es decir, la Consejería pasaría de gestionar 376,6 millones de euros a 363,46, lo que supone una pérdida de 13,14 millones.

La negociación de los presupuestos del Principado entra en su tensa recta final con esta partida para la Consejería de Bienestar Social y Vivienda como uno de los principales puntos de fricción entre los socios de Gobierno. A los responsables de la Consejería no les salen las cuentas en el reparto del pastel que se está diseñado desde la Consejería de Economía que encabeza Jaime Rabanal. Tanto es así que desde Bienestar Social se llega a asegurar que de no haber una mejora en la oferta el próximo año «se pararía de facto la aplicación de la ley de Dependencia».

Dado que más de un responsable de IU ha manifestado últimamente que la coalición no dará un paso atrás en la financiación de políticas sociales mientras esté en el Gobierno, la salud del pacto se puede ver afectada. Y es que desde la parte minoritaria del Gobierno de Areces se entiende que cuestiones de esta índole suponen un quebrantamiento del acuerdo firmado entre PSOE e IU hace ya doce meses. «Los números que el consejero de Economía ha puesto sobre la mesa no permiten desarrollar el acuerdo», explicaban desde la dirección de IU el pasado martes tras la reunión de su comisión ejecutiva para analizar la negociación del bipartito para cuadrar las cuentas de 2010. «El problema no es de reparto de dinero entre consejerías, sino de la imposibilidad de cumplir con los objetivos del pacto (fomento de políticas sociales, creación de puestos de trabajo, lucha contra la crisis...)», insistían ayer otras fuentes de IU.

Según fuentes de la Consejería está previsto que el próximo ejercicio cumplan los requisitos para acogerse a los beneficios de la ley entre 6.000 y 7.000 personas más. En la actualidad, y según datos a 31 de octubre ofrecidos por la Consejería de Noemí Martín, en Asturias ya hay 10.122 personas que ya han accedido a un servicio o a una prestación relacionadas con la dependencia.

Los problemas que acarrearía la dotación presupuestaria del próximo año para Bienestar Social no sólo afectarían a la parte de carne y hueso de esta realidad. También se cebaría, siempre según la parte minoritaria del bipartito, en las inversiones previstas para el próximo año. Fundamentalmente habría que paralizar la puesta en marcha de las residencias y centros de día planificados para 2010, así como el refuerzo del servicio de ayuda a domicilio.

Las propuesta que Rabanal y Areces han puesto sobre la mesa chirría aún más en los oídos de la coalición cuando se hacen comparativas con otras comunidades autónomas de tamaños, problemas y colores políticos diversos. En regiones uniprovinciales como Cantabria y La Rioja, la primera en manos del PSOE en coalición con los regionalistas de Miguel Ángel Revilla y la segunda bajo el mando del Partido Popular, el presupuesto para Bienestar Social ha crecido considerablemente.

Mientras que en la vecina Cantabria las cuentas generales se ajustan por culpa de la caída de ingresos producida por la crisis, las cifras para Bienestar crecerán en un 17,40 por ciento y el presupuesto para aplicar la ley de Dependencia lo hace un 23,4 por ciento.

En La Rioja la Consejería hermana de la de Bienestar en el Principado recibirá un 11,47 por ciento más de recursos, con un crecimiento de los destinados específicamente a los dependientes de un 22,38 por ciento. En otras regiones ocurre otro tanto. En Andalucía y Aragón, ambas gobernadas por los socialistas, se destinarán hasta un 15 por ciento más de fondos para políticas de corte social. Para la aplicación de la ley de Dependencia el Gobierno andaluz ha destinado casi un 50 por ciento más que en su último presupuesto.

En comunidades gobernadas por el PP también hay subidas, pero no tan grandes como en las dominadas por el PSOE. Dos ejemplos. El Gobierno gallego de Alberto Núñez Feijóo ha decidido incrementar el dinero para Bienestar en un dos por ciento, elevando el que tiene que ver con la dependencia en un 45 por ciento. En Madrid, Esperanza Aguirre ha decidido que el crecimiento sea de más de siete puntos.