30 de noviembre de 2009
30.11.2009
La Nueva España

Blindaje para no acabar como Corrales

Una firma asturiana vende un seguro que cubre el patrimonio de los ediles en caso de que sean condenados como el alcalde de Siero

30.11.2009 | 01:00
Por la izquierda, Reinerio Sarasúa y Javier Berjano.

Oviedo, Pablo GONZÁLEZ


«Hoy en día se puede asegurar casi todo». Ésta es una afirmación que suscriben Javier Berjano y Reinerio Sarasúa, dos corredores de seguros asturianos cuya firma, BSI Brokers, gestiona la venta de seguros tan dispares como el de caballos o instrumentos musicales. Pero también aseguran el patrimonio de los alcaldes ante posibles reclamaciones dirigidas hacia su persona como consecuencia de su gestión, o por acoso laboral («mobbing»).


Éste es el tipo de seguro en el que se ha fijado la Federación Asturiana de Concejos (FACC) tras lo ocurrido con el alcalde de Siero y su antecesor. Y es que el Tribunal de Cuentas ha condenado al actual regidor sierense, Juan José Corrales, y al ex alcalde José Aurelio Álvarez a pagar de su bolsillo más de 747.000 euros (692.000 euros, Corrales; 54.800 euros, Álvarez) por una subida salarial considerada «ilegal».


«En este caso el seguro lo hubiera cubierto», explican Berjano y Sarasúa. Pero no sólo cubriría el patrimonio de los alcaldes, también el de funcionarios, concejales y cargos de confianza. «Cubre cualquier tipo de responsabilidad, siempre que no exista condena, dolo o conducta abusiva», repasan ambos corredores.


Es decir, el blindaje de las cuentas personales de los cargos públicos se centra en errores de gestión o negligencias involuntarias. «No es un blindaje contra la corrupción», aclaran en plena tormenta de detenciones de alcaldes y ediles en varias regiones españolas por cohecho y malversación de caudales públicos. Además de permitir a los cargos públicos mantener sus cuentas inmaculadas ante algún tipo de reclamación, ya sea a través del Tribunal de Cuentas o por la denuncia de otra Administración pública, entidad o un ciudadano a título particular, este producto gestionado por la firma de Berjano y Sarasúa se hace cargo de los gastos que genere el proceso judicial. «Este tipo de denuncias (las dirigidas directamente a los responsables públicos y no a la institución) son cada vez más habituales», aseguran. Incluso, una vez aclarada la situación de la denuncia ante los tribunales, el seguro se haría cargo del pago de una campaña de publicidad para lavar la imagen del cargo público implicado. Esta opción está pensada principalmente para los casos de «mobbing», discriminación y acoso. Y si los casos de corrupción quedan fuera del ámbito de este seguro, también se quedan cuestiones como las relacionadas con denuncias por contaminación, la responsabilidad contractual o los planes de empleo.


De momento, en Asturias ninguno de los 78 ayuntamientos que conforman el mapa municipal cuenta con un seguro de estas características, pero sí algunos de la zona del Levante español, curiosamente donde más dudas existen sobre la gestión transparente de los ayuntamientos. El seguro también está dirigido a diputaciones y cabildos insulares. El aseguramiento de otras administraciones, como la regional, se afrontaría «tras un estudio individualizado», dicen estos dos expertos.


¿Y su coste? Ni Berjano ni Sarasúa aportan cifras de cuánto podría costar la prima anual ya que «cada caso es distinto porque depende de muchas cosas, como el presupuesto de que dispone el Ayuntamiento o los servicios públicos que ofrece. Pero su coste es muy asumible».

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