La nueva justicia empieza en Mieres y Avilés

Oviedo, Pablo GONZÁLEZ

Los juzgados de Avilés y Mieres serán los primeros en el Principado donde se implantará la nueva Oficina Judicial, una iniciativa del Ministerio de Justicia para descongestionar un sistema cada vez más saturado. La implantación de la Oficina Judicial tendrá que comenzar a tomar cuerpo, tras muchos retrasos, a partir del 5 de mayo del próximo año, fecha en la que entrarán en vigor las reformas procesales que han sido necesarias para hacer realidad esta nueva figura de gestión. La intención es comenzar con las experiencias piloto en Avilés y Mieres, donde todos los juzgados se encuentran concentrados en un mismo edificio. Avilés fue el primer partido judicial elegido para llevar a cabo la experiencia piloto en 2006, que ya debería estar en marcha desde el año pasado. Pero los problemas sufridos por el Ministerio de Justicia (huelgas, dimisión del anterior ministro...) y la lentitud en la aprobación de las leyes necesarias han retrasado su implantación.

En el caso asturiano se está pendiente de la creación de una comisión técnica que estará formada por magistrados y secretarios del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), además de miembros de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado. No se descarta que más adelante se puedan incorporar a la comisión de trabajo representantes de los sindicatos. La comisión decidirá la forma en la que se realizará la implantación del nuevo modelo y de los plazos, entre otras cosas. Todo ello bajo la supervisión del Consejero General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia.

Con la Oficina Judicial se busca mejorar la calidad, la eficacia y la rapidez de la justicia española. Su principal objetivo pasa por reservar al juez para los momentos esenciales en cualquier proceso: celebrar juicios y dictar sentencias, liberándolo, fundamentalmente, del trabajo burocrático. De ahí que una de las principales novedades que aporta pase por establecer nuevos modelos organizativos del personal de justicia, dando más campo de acción a los secretarios judiciales y a los procuradores, y por la aplicación de nuevas técnicas de gestión, fundamentalmente con la introducción de programas informáticos.

En general, los juzgados funcionan como una estructura independiente, con sus propios servicios de, por ejemplo, notificación de sentencias o archivo. Tras cada juez hay una secretaría compuesta por un secretario judicial y personal auxiliar (auxiliares, oficiales y agentes judiciales). Con el nuevo modelo se procederá a una centralización de los servicios, lo que supondrá la racionalización de los recursos y del personal, así como, se supone, una mayor rapidez a la hora de afrontar cualquier proceso judicial (trámites, sentencias...). Los juzgados tendrán servicios comunes y la intendencia cotidiana del mismo ya no dependerá de su titular porque toda la labor de documentación de los expedientes, el calendario de juicios o la ejecución de sentencias ya dictadas será responsabilidad del secretario judicial y de su equipo. El juez tendrá así más tiempo para dedicarse a dictar sentencias, lo que se supone reducirá los tiempos de cada proceso. Un dato: en Asturias los procesos civiles tardan en resolverse entre 4 y 6 meses; los penales, un poco menos. En el fondo de estos retrasos, comunes en toda la geografía española, hay problemas de todo tipo. Sin ir más lejos, a finales del pasado mes de octubre, Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, aseguró en Oviedo que el colapso de la justicia tiene bloqueados 6.000 millones de euros en litigios pendientes sólo en el Supremo.

Las esperanzas para evitar situaciones así se centran en la nueva Oficina Judicial. Ésta constará de una estructura básica compuesta por dos unidades: la unidad procesal de apoyo directo y los servicios comunes procesales. La primera estará vinculada directamente al juez, al que se le asignará el personal indispensable para llevar a cabo sus funciones. La segunda estará bajo la dirección de los secretarios judiciales. Los hay de tres tipos: servicio común general, que hará labores de registro y reparto de asuntos, actos de comunicación o archivo de los procedimientos; servicio común de ordenación del procedimiento, que tramitará los procedimientos en todos aquellos aspectos que no sea imprescindible la intervención del juez, y el servicio común de ejecución, que se asegurará del cumplimiento de sentencias y otros actos de carácter ejecutivo.

No ha sido un parto fácil. La figura de la Oficina Judicial apareció en la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial aprobada a finales de 2003. Pero hasta el pasado 15 de octubre el Congreso no aprobó los cambios necesarios para dar cuerpo legal al nuevo modelo. Tuvo que aprobar o modificar 16 leyes y más de 900 artículos.

Centralización de servicios

Con la Oficina Judicial se podrán centralizar servicios que hasta ahora llevaba a cargo cada juzgado por su cuenta. Así, cuestiones como el archivo de sentencias, citaciones o la ejecución de sentencias corresponderán a la Oficina Judicial. También se llevará a cabo una modernización de los instrumentos informáticos utilizados por los funcionarios de justicia.

Descargar de trabajo al juez

Con el nuevo modelo se trata de liberar de trabajo a los jueces para que se centren en su tarea más importante: juzgar y dictar sentencia. El Gobierno confía en que todas estas medidas sirvan para descongestionar los juzgados.

Más peso del secretario

Los secretarios judiciales tendrán más peso en el nuevo modelo, ya que serán los encargados de dirigir la Oficina Judicial y asumir tareas que hasta ahora estaban en manos de los jueces. También ganan peso los procuradores, que abarcarán más responsabilidades, sobre todo en los actos de comunicación.

Los datos

Las cifras del primer semestre de la justicia asturiana señalan que en sólo un año la litigiosidad ha crecido hasta un 16 por ciento. La crisis ha disparado los juicios civiles debido a todo tipo de reclamaciones por impago, desahucios, asuntos de familia. También ha crecido el trabajo en los juzgados mercantiles debido al aumento de los procesos concursales entre las empresas que han tenido que presentar suspensión de pagos. El Tribunal Supremo presenta litigios pendientes que tienen bloqueados 6.000 millones de euros.

El mapa judicial asturiano

El Principado está dividido en 18 partidos judiciales. Sólo la mitad cuenta con dos o más órganos judiciales: Lena, Grado y Laviana tienen dos; Mieres, Siero y Langreo cuentan con cuatro, y en el caso de Avilés, Gijón y Oviedo, los juzgados son numerosos. El resto de partidos judiciales son unipersonales. En total, en el Principado hay 101 juzgados.