Oviedo,

Luján PALACIOS

El juez Francisco Serrano ha encendido una mecha que no deja de arder. El magistrado, de 44 años, casado y con dos hijas, puso el dedo en una llaga muy dolorosa hace unas semanas, al afirmar que la ley contra la Violencia de Género ha conducido a un «totalitarismo» que mezcla en el mismo saco a los maltratadores machistas con los hombres que han cometido un delito o una falta «puntual» durante una disputa con su pareja pero que no tienen una relación de dominio sobre ella.

Serrano asegura que esta ley ha causado una situación «cercana al holocausto social», porque «las mujeres del ojo hinchado en la foto existen, pero son el 1 por ciento de las denuncias».

El magistrado ha denunciado además que el Gobierno ha dejado de divulgar las cifras de hombres muertos por agresiones de sus cónyuges, o de los que se han suicidado supuestamente por falsas acusaciones a manos de sus mujeres.

Las reacciones a las declaraciones del juez se han sucedido en cascada y han tenido un amplio eco entre las asociaciones feministas españolas.

Un total de veintidós organizaciones de mujeres de toda España han solicitado a través de un escrito remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la apertura de un expediente disciplinario contra el juez Francisco Serrano, al entender que «su ideología personal no le permite ponderar con racionalidad la temática social de la violencia de género». Las asociaciones han llegado a denunciar que el magistrado «se comporta como cualquier maltratador».

Francisco Serrano se defendía ayer mismo asegurando que «la sociedad ya percibe que una injusticia no puede ser contrarrestada con otra injusticia».

Las declaraciones de Serrano no sólo han despertado reacciones airadas. Ayer mismo se supo que un total de 71 asociaciones exigirán a las Cortes la derogación de la actual ley de Género, calificada por estos colectivos de «violenta» por «lesionar los derechos más básicos» del ser humano, como el «derecho de presunción de inocencia».

Un caso con repercusión mundial

La abogada valenciana María José Carrascosa lleva desde noviembre de 2006 presa en Nueva Jersey (Estados Unidos) debido a un conflicto que mantiene con su ex marido, de nacionalidad norteamericana, por la custodia de su hija.

La separación

La española conoció a su marido, Peter Innes, en Estados Unidos y se casó con él en 1999. En el año 2000 tuvieron una hija, y siguieron residiendo en América hasta el año 2004, cuando la pareja se separó. Poco después, la mujer salió de Estados Unidos con su hija rumbo a Valencia, y denunció a su ex marido por supuestos malos tratos.

Justicia española

Los jueces españoles dieron la razón a la mujer y le concedieron la custodia de la pequeña, que vive en Valencia desde hace cinco años con sus abuelos maternos. La justicia española tiene retenido su pasaporte para evitar su salida de España.

Justicia estadounidense

La fiscal acusó a Carrascosa de no cumplir con la jurisdicción estadounidense, que en 2006 le concedió la custodia al padre. Deberá cumplir una condena de 14 años. Ya ha anunciado que alegará contra la decisión.

Reacción del padre

Peter Innes ha anunciado que luchará por la custodia de la niña y ha puesto de relieve la «torpeza de jueces españoles que no aplicaron la propia legislación española y la aberrante legislación y práctica judicial española que fomenta la orfandad artificial de los hijos de padres separados».

La niña sigue en España

La familia de María José Carrascosa ha señalado que la pequeña seguirá en España, obedeciendo a la decisión del juez en Valencia. Carrascosa se niega a devolver a la menor a Estados Unidos.