Oviedo / Gijón,

J. L. A. / A. F. / J. A. O.

El PP desveló ayer su propuesta alternativa a la construcción de una incineradora en el Principado. Consiste en la utilización de los residuos no reciclables como combustible para centrales térmicas y cementeras. Este sistema, que ya se está desarrollando en otras comunidades autónomas, consiste en realizar un tratamiento mecánico biológico de la fracción resto de la basura que se genera en Asturias, de forma que se obtenga lo que se denomina combustible sólido recuperado (CSR), con capacidad para ser utilizado como combustible secundario en procesos industriales.

El planteamiento alternativo del PP a la incineradora, presentado ayer por el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, ya centró unas jornadas técnicas organizadas el pasado noviembre por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE). En este foro, varias empresas y administraciones españolas presentaron sus proyectos para utilizar este tipo de combustible en cementeras y centrales térmicas.

Además de proponer el uso industrial de los residuos urbanos, De Lorenzo calificó de «absolutamente falsos los datos que aportan quienes defienden la incineradora» y, en esta misma línea, criticó que la FSA y el Gobierno apoyen el equipamiento mientras «ocultan deliberadamente» lo que le va a costar al ciudadano. «Cada asturiano tendrá que pagar cinco veces más por la tasa de basura que en la actualidad para sufragar el coste de la incineradora», advirtió De Lorenzo, quien subrayó que «lo que la Unión Europea reclama es que se separen los diferentes tipos de basuras» y presumió de que los ciudadanos de Oviedo son «los únicos» del Principado que separan los diferentes tipos de basura.

Frente a estas declaraciones, la Federación Socialista Asturiana (FSA) reclamó ayer a De Lorenzo que «no se considere el campeón del mundo del reciclaje, porque no es así». Y es que, de acuerdo con los datos facilitados por la cúpula de la dirección socialista, el Ayuntamiento de Gijón supera al de Oviedo en este campo. En 2009 recicló 64,3 kilos por habitante, frente a los 57,25 kilos por vecino de la capital. «La diferencia es relevante», precisó el «número dos» de la FSA, Jesús Gutiérrez.

El consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía, dejó ayer claro en Gijón que la incineradora de Serín se hará, al margen de la posición que adopte IU, rompa o no el pacto de gobierno con los socialistas. Aseguró que «el tiempo del debate» está superado y que, en breve, se reunirá la junta del consorcio de Cogersa para adoptar las medidas técnicas que permitan concretar la instalación. Y más respecto al posible enfrentamiento con IU: «Estamos dispuestos a tomar una decisión que es fundamental para los intereses de Asturias y para el tratamiento de residuos».

Buendía indicó que el debate sobre la incineradora de Serín se prolonga desde 2002, «con más intensidad desde 2006», y que, a partir de ahora, sólo cabe hablar de las fórmulas para hacer la planta. «En Cogersa hemos recibido a más de cincuenta colectivos: técnicos, científicos, sociales? Ese debate está superado, ahora entramos en el debate de la decisión», insistió.

El Consejero también respondió a Gabino de Lorenzo: «Quiero recordar que ese Ayuntamiento lleva (a Serín) el 83 por ciento de las basuras que produce; con ese dato, ya no puedo seguir hablando». Para Buendía, las declaraciones de De Lorenzo son «políticas», no técnicas: «Hasta ahora nunca se había hablado para nada de esa posición ecologista del Ayuntamiento de Oviedo», señaló.

Por su lado, la presidenta del PP de Gijón, Pilar Fernández Pardo, solicitó que el Consistorio se pronuncie sobre la incineradora de residuos en Serín por parte de Cogersa. Para la popular, la urgencia de la FSA está más asociada a la «pugna abierta dentro del PSOE asturiano sobre la continuidad del presidente, Álvarez Areces que a la necesidad de dar una solución al vertedero». Fernández Pardo entiende que el asunto requiere «un profundo análisis, porque la planta se ubicaría en el municipio de Gijón y tiene implicaciones medioambientales, sanitarias y económicas». Por ello, exigió que la decisión «se adopte por parte del Gobierno del Principado, que sea quien valore todos estos elementos y se aleje de la urgencia de la FSA».

La sección ovetense de Comisiones Obreras (CC OO) también se refirió ayer a la incineradora para asegurar que resulta «incompatible con la recogida selectiva y el reciclaje de los residuos, que recuperan recursos que de otra manera se convertirían en ceniza y, encima, crea menos empleo». Además, el sindicato también argumentó su oposición al equipamiento, sobre la base de que, a su juicio, «generará una gran variedad de tóxicos, algunos de ellos incluidos en el convenio internacional para la eliminación de compuestos orgánicos persistentes, dioxinas y furanos, que castigarían aún más la salud de los habitantes de la zona central de Asturias, una de las que tienen la peor calidad de aire de España». En esta línea, CC OO también criticó que «contribuye al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, favorece el cambio climático y tampoco evita el uso del vertedero, ya que las cenizas resultantes -un 30% del volumen de residuos- deben depositarse igualmente en este tipo de almacenes».

Los trámites.

El Consorcio.

Cogersa en un consorcio formado por los ayuntamientos en el 80% y por el Principado en un 20%. El presidente es el consejero de Medio Ambiente, y la vicepresidenta, Belén Fernández, viceconsejera de Medio Ambiente.

Convocatoria de Junta.

El primer trámite para poner en marcha la planta incineradora deberá ser convocar una junta extraordinaria del Consorcio de Gestión de Residuos Urbanos de Asturias para dar luz verde a la tramitación. Esta convocatoria extraordinaria tiene que solicitarla el presidente de Cogersa, el consejero Francisco González Buendía, ya que el Consorcio se reúne dos veces al año de forma ordinaria, la primera de ellas en el mes de junio.

Plazos para llegar a tiempo.

Según el gerente de Cogersa, lo ideal sería que la junta se convocase antes del verano si se quiere que la incineradora esté lista en 2015, porque se parte de un plazo de tiempo ya ajustado.

Tramitación.

Veinte meses de procedimientos administrativos para la redacción de pliegos y aprobación de expedientes, licitación, admisión de ofertas y estudio de las mismas, contratación y adjudicación de la obra.

Un año de tramitación de impacto ambiental.

Dos años y medio de construcción del horno.

Medio año de operación y pruebas del sistema de incineración.