Oviedo, R. L. MURIAS
Los 711.823 euros que ha invertido Cogersa en los últimos dos años para evaluar las ventajas e inconvenientes de una planta incineradora parecen no ser suficientes para el Gobierno regional, que ahora solicita un análisis más. Con éste serían siete los documentos y estudios llevados a cabo y subvencionados íntegramente por Cogersa desde 2007 para analizar si la quema de residuos en Asturias es una solución. Además, Cogersa también pagó otros estudios técnicos (anteriores a 2007), de los que no hay datos oficiales de su coste, porque no aparecen en las memorias anuales del Consorcio de Gestión de Residuos.
Los análisis encargados por Cogersa fueron realizados por diferentes entidades colaboradoras: la Universidad de Oviedo, el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida), la Universidad de Alicante, Applus Norcontrol y la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología. La decisión, ahora, del Gobierno de solicitar un nuevo informe apunta a un viraje en la decisión que parecía ya tomada: iniciar de inmediato los trámites para la construcción de una planta incineradora de 450.000 toneladas, el segundo horno incinerador más grande de España, tal como había anunciado la FSA. Dos de los estudios de los que dispone Cogersa se centraron exclusivamente en valorar si la incineración era una solución idónea para incluir dentro del plan de futuro 2002-2025 y las conclusiones fueron rotundas: sí a la incineración. Fue en 2006 cuando se paralizó la tramitación de la incineradora en Asturias y se decidió abrir un debate social, político e institucional para decidir si se optaba por la quema de residuos en la región, y parece que este debate continúa abierto.
