Oviedo,

J. A. A. / R. L. M. / M. C.

El Gobierno regional está dispuesto a negociar con IU y el PP un recorte en el tamaño de la incineradora de Serín, una de las exigencias que vienen planteando ambos grupos políticos. Semanas después de que la FSA y la parte socialista del Gobierno diesen prácticamente por hecha la construcción de un horno con capacidad para quemar 450.000 toneladas de basura al año y se mostrasen decididas incluso a tratar de sacar adelante el proyecto en solitario, Medio Ambiente se plantea ahora buscar el consenso con sus socios de gobierno, IU, y con el PP, que defienden una mayor apuesta por el reciclaje y hacer una incineradora más pequeña, con menos impacto y más barata. La búsqueda de consenso centró ayer el mensaje trasladado desde el Gobierno y la Federación Socialista Asturiana, que siguió en Gijón su gira regional recabando apoyos a la incineradora.

Buendía, que realizó ayer una visita a las instalaciones de Cogersa, aseguró que los contactos con IU y PP no retrasarán la tramitación de la planta, que se prevé iniciar en junio coincidiendo con la junta del Consorcio de Residuos. «Abrimos una ronda de contactos para que no digan que no debatimos», explicó Buendía, quien se mostró receptivo a «escuchar y valorar» las opiniones de IU y PP, aunque advirtió que este debate «no durará más de una semana». Otras fuentes lo vaticinan más largo. El Consejero también matizó las palabras de la portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, y señaló que «no habrá un informe nuevo», sino que se hará un refundido de los que ya existen.

Entre tanto, la consejera de Bienestar Social, Noemí Martín (IU), advirtió ayer que «todavía queda mucho que debatir». Los socios de gobierno, por ahora, no han activado la proposición no de ley sobre la incineradora que ya han registrado en el Parlamento. Una maniobra que permite ganar tiempo, tanto para la negociación con el PSOE como para explorar la posición del PP. Los populares acudirán a la reunión y pedirán al Gobierno que aclare las cifras de reciclaje, el coste de la incineradora y su financiación, además de saber la repercusión de la obra en las tasas que cada ayuntamiento tendrá que aplicar en el futuro. Sobre este apartado, Adriana Lastra, la responsable de política municipal de la FSA, dijo que «el coste de la gestión de los residuos va a crecer con independencia de la incineradora».

En este contexto, de tanteo político, cuarenta colectivos ciudadanos, entre los que están la Unión de Consumidores, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias y la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias, reclamaron un pacto sobre el tratamiento de residuos y anunciaron que «en breve» presentarán una propuesta integral. «Cuando se dice que la incineración es el único sistema posible, se miente», afirman.