Oviedo, Luján PALACIOS

En Asturias podría componerse un concejo «fantasma» de tamaño mediano con los inmigrantes que viven en situación irregular en la región. Los datos son muy cambiantes y por su propia definición de irregularidad muy difíciles de cuantificar. Pero las estimaciones del Observatorio Permanente de la Inmigración en Asturias apuntan a que uno de cada tres extranjeros en el Principado no tiene papeles: unos 15.700 o lo que viene a ser lo mismo, toda la población de un municipio similar a Corvera. Sería además un concejo «invisible», puesto que los inmigrantes ilegales tratan de pasar desapercibidos el mayor tiempo posible hasta que pueden regularizar su situación.

Los últimos datos del padrón hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogen la existencia de 47.119 inmigrantes en el Principado. De ellos, y aunque con un margen de error difícil de calcular, unas 15.700 personas no tienen regularizada su situación, lo que no quiere decir que no estén empadronados.

De hecho, el Observatorio ha hecho un seguimiento sobre los inmigrantes en Asturias y, según sus cálculos, la gran mayoría de ellos figura recogida en los censos municipales. Tal y como indica este organismo -que recopila los datos de diferentes entidades e instituciones que intervienen de forma directa y transversal con los inmigrantes residentes en Asturias-, una vez que estas personas se han asentado en la comunidad de acogida, uno de los primeros trámites que gestionan es el empadronamiento.

Gracias a este trámite, se les incluye en los registros oficiales y se facilita su acceso a servicios y prestaciones sociales básicas relacionadas con la vivienda, la educación e incluso asuntos laborales. El Observatorio ha comprobado que, independientemente de la situación de irregularidad, los inmigrantes en general sí han realizado los trámites administrativos necesarios para solicitar la asistencia sanitaria, así como la asignación de un médico de familia. Se trata de un primer paso hacia la regularización de su situación, un objetivo que todos los inmigrantes, en principio, se marcan a su llegada a Asturias.

Jorge Coto Suárez es el coordinador del plan de empleo de Asturias de la Cruz Roja y conoce de primera mano las vicisitudes por las que pasan los inmigrantes irregulares cuando llegan a la región. Cruz Roja cuenta con tres oficinas de empleo funcionando en Oviedo, Gijón y Avilés. El año pasado atendieron a unas 1.500 personas en toda Asturias, con 490 inmigrantes inscritos en el programa «Red Interlabora», para ciudadanos extranjeros documentados. Coto explica que, en principio, Cruz Roja sólo ofrece asesoría jurídica, formación y orientación laboral a los inmigrantes legales, pero la realidad es que atienden a todos los recién llegados, «hasta a los que entran por la puerta con la mochila y no saben hablar español».

Jorge Coto estima que el año pasado atendieron a unos 1.000 inmigrantes ilegales, a los que se ofrece la posibilidad de acogerse al programa de retorno voluntario, especialmente ante la situación de crisis económica en España. Los que optan por quedarse, en cambio, inician una lucha en solitario y en la irregularidad hasta superar la barrera de los tres años de estancia para poder acogerse al arraigo social y obtener así la estancia definitiva. Pero para ello deben acreditar el período de residencia a través del padrón.

Durante ese tiempo viven como pueden, frecuentemente en casa de otros inmigrantes conocidos que les prestan un espacio en el que poder alojarse, y trabajan en la economía sumergida, sin constar en ningún registro oficial. Si consiguen aguantar en esta situación, casi siempre de penuria, durante los tres años reglamentarios, luego aún deberán afrontar otros dos meses de papeleo para legalizar su situación.

Se trata, en suma, de un colectivo muy numeroso pero invisible para la sociedad, aunque estén empadronados y puedan acceder a la educación y la sanidad. La crisis, además, les está afectando de manera muy negativa: cada vez hay menos personas dispuestas a apostar por la contratación de inmigrantes y tramitarles los papeles.

Con la quiebra de empresas y el drástico aumento del paro, los inmigrantes «viven doblemente las dificultades económicas» apunta Coto. Si pierden su empleo cuando se encuentran tramitando la residencia, deben empezar de nuevo porque «si pierden el permiso de trabajo es como si nunca hubieran estado aquí», indica el coordinador de Cruz Roja. Una doble dificultad para quienes llegan sin nada.