Oviedo, R. L. MURIAS

J. A. ARDURA

La construcción de una planta incineradora en Serín para dar solución al futuro colmatamiento del vertedero ya tiene factura. Cada familia asturiana pagará 50 euros más al año por el tratamiento mediante quema de sus residuos, a partir de 2015, para contribuir a la financiación del nuevo horno, según las estimaciones que maneja Cogersa. El consorcio pretende pagar la nueva planta con fondos propios y con un crédito que piensa solicitar al Banco Europeo de Inversiones para amortizarlo en un plazo máximo de 30 años, sin que pase a engrosar la deuda del Principado o de los ayuntamientos asturianos que integran el consorcio de Cogersa.

Los responsables del consorcio público para la recogida y el tratamiento de las basuras han tenido que poner las cuentas claras a los ayuntamientos, especialmente a los del PP, para desbrozar el terreno de a la construcción de una incineradora, minado políticamente por IU desde 2002. Los socios de gobierno del PSOE siempre se han mostrado muy críticos con los bajos porcentajes de reciclaje. En cambio, el PP asturiano apuntó el tiro, fundamentalmente, hacia el coste económico de una operación que superará los 250 millones de euros, una cuantía muy similar a la obra del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que se construye en los terrenos de La Cadellada (Oviedo).

El consejero de Medio Ambiente, Francisco González Buendía, garantizó al PP asturiano que la construcción de la macroincineradora no repercutirá «en ningún caso» en las arcas de los ayuntamientos asturianos ni en sus niveles de deuda. Buendía también les aclaró que la subida del recibo será moderada. Una aclaración que tranquilizó bastante a los populares asturianos, que salieron satisfechos de su reunión con el presidente de Cogersa, con la viceconsejera, Belén Fernández, y con el gerente de esa entidad, Santiago Fernández. Tras ese acercamiento entre socialistas y populares, pendiente de ratificación en los órganos de dirección del PP, IU ha puesto el grito en el cielo sobre la fórmula de financiación de la incineradora. Y más, aún, después de que Belén Fernández manifestase ayer que la operación de la incineradora «no va a suponer deuda para las administraciones públicas ni les va a exigir avales». La Viceconsejera remachó que la decisión sobre la incineradora «es inaplazable» y que «se pagará vía tarifa».

La contundencia de esas palabras molestó a sus socios de gobierno, hasta el punto de que el secretario de organización de IU y viceconsejero de Bienestar, Ángel González, le espetó a su compañera de gobierno: «Las palabras de Belén Fernández me recuerdan a aquel juego de Magia Potagia, en este país ninguna Administración puede licitar una obra sin pagarla». El socio de gobierno emplazó a Medio Ambiente «a explicar si van a pasar la factura a los ciudadanos, con un "tarifazo" en el recibo mensual».

Cogersa prevé financiar la incineradora mediante fondos propios y con un crédito, que solicitaría a través de su sociedad instrumental Cogersa, S. A. al Banco Europeo de Inversiones, en un importe aún por determinar. Fuentes de la Administración aseguraron ayer que la situación de Cogersa es muy saneada, ya que en los últimos años ha introducido subidas en el recibo de las basuras a los ayuntamientos, por lo que el importe del crédito se situará, probablemente, por debajo del importe total de la planta de 250 millones. Las previsiones de la empresa que gestiona los residuos en Asturias sitúan el período de amortización de la planta en 30 años, mediante tres vías de ingresos: los recibos que pagan los ciudadanos y los beneficios por la venta de la electricidad que generará la planta y del compost o abono vegetal que se producirá en Serín.

Los planes de Cogersa pasan, además, por adjudicar a la misma empresa el proyecto, la obra y la puesta en marcha de la incineradora, durante un plazo de 3 años, al término del cual, asumirá la gestión de forma definitiva.