Oviedo, L. PALACIOS
De nada les sirvió negar los hechos. El juez ha condenado al constructor de Cangas de Onís Manuel Antonio del Dago a siete años de prisión y a una multa de 3.000 euros por un delito de tráfico de drogas y a su hijo Aitor Manuel del Dago, a una pena de cinco años y medio por tráfico de drogas y a un año de cárcel por un delito contra la seguridad del tráfico por escapar cuando iba a ser detenido por los agentes de la Policía.
Los dos, constructores, estaban encausados en una red de drogas compuesta por otras nueve personas. Todos estos últimos acusados aceptaron los cargos días atrás en el juicio celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia y fueron condenados, previa conformidad, a un total de más de 37 años de cárcel.
Sin embargo, el constructor de Cangas de Onís y su hijo negaron los hechos de forma vehemente. «No vendía drogas a terceras personas y mucho menos a mi hijo», aseguró Manuel Antonio del Dago en la sesión a preguntas del fiscal especial antidroga de Asturias, José Perals.
De hecho, la defensa llegó a plantear hasta cuatro cuestiones de nulidad de la causa, dos por registro indebido y por considerar que los magistrados que enjuiciaban los hechos deberían haberse abstenido por haber decidido previamente sobre uno de los recursos de la causa.
La sentencia del juez Lanzos no deja sin embargo lugar a dudas en este punto. «Sólo una escasa preparación jurídica en materia de Derecho Procesal Penal y Orgánico Judicial puede justificar tal pretensión», indica el fallo. Además la sentencia deja claro que procede imponer a los dos acusados que no reconocieron su participación en los hechos las penas solicitadas por el fiscal José Perals, «que en modo alguno pueden estimarse injustas o desproporcionadas».
Según el juez, Manuel Antonio del Dago puede ser considerado «el auténtico jefe de la trama», y su hijo, «su principal secuaz». El escrito de calificación de la fiscalía antidroga relataba cómo Del Dago se dedicaba a principios de 2007 a vender drogas, concretamente cocaína, que su hijo distribuía en Cangas de Onís. La coca la obtenía de personas de origen colombiano en Madrid o Valencia.
El desmantelamiento de esta red de narcotráfico requirió una intensa labor de seguimiento, con varias escuchas telefónicas a los encausados. Una detención en la autopista del Huerna practicada por la Policía cuando los distribuidores viajaban con los estupefacientes para venderlos en Asturias propició que cayera el resto de la trama.
Los dos principales acusados siempre negaron su participación en los hechos y llegaron a denunciar que estaban siendo sometidos a una «persecución policial» por esta causa.
