Oviedo, J. A. ARDURA

La alianza entre el PP e IU, que se consumó ayer en la Comisión de Salud del Parlamento asturiano, dar vía libre a que el Servicio de Salud del Principado (SESPA) asuma la gestión del Hospital del Oriente, una cuestión cuyo debate viene repitiéndose desde hace una década. Esa proposición de ley contó con el voto en contra del Grupo Socialista, que sostiene que la aprobación de esta norma tiene «vicios de procedimiento» que dejarán en «una gran inseguridad e inestabilidad a los trabajadores».

PP e IU sostienen que con la nueva ley, el personal del Hospital de Arriondas pasará a depender del Sespa como personal laboral fijo, mientras que el PSOE sostiene que esos empleos pueden peligrar, vía recurso judicial. La aprobación de la nueva ley queda ahora pendiente de su ratificación en un Pleno en el Parlamento regional. La idea de IU es incluir este asunto en uno de los plenos ordinarios de este mismo mes.

Los seis diputados del PP e IU inclinaron la balanza a favor de que el Hospital del Oriente pase a depender directamente del Sespa y no de una Fundación pública, como hasta ahora. La votación, que tuvo lugar en la Comisión de Salud, acentuó las diferencias sobre este asunto entre los dos socios de gobierno, PSOE e IU, hasta el punto de que la parlamentaria socialista Pilar Alonso pidió poder explicar el voto negativo de su grupo. «Manifestamos nuestra disconformidad con todos los vicios de este procedimiento. De aprobarse esta ley, será tremendamente vulnerable», advirtió la diputada, que también reprochó a IU y al PP que «han hecho caso omiso de las advertencias realizadas por el letrado de la Junta». De hecho, el letrado Ignacio Arias, que ayer estuvo presente en la votación sobre la ponencia de la controvertida ley, se eximió «de cualquier responsabilidad tanto en lo que se refiere al contenido del texto como a sus efectos jurídicos». Según el Grupo parlamentario Socialista, la nueva ley «será responsabilidad de PP e IU, que con la fuerza de sus votos se han convertido en juristas y expertos en todo el proceso».

La posición del PP y de IU resultó diametralmente opuesta a la de los socialistas. Según Carlos Galcerán (PP) y Diana Camafeita (IU) la proposición de ley «cumple los requerimientos jurídicos» y es constitucional. Galcerán atribuyó las advertencias socialistas sobre la debilidad constitucional de la nueva norma «a un derecho al pataleo que es humano pero ineficaz». Según el diputado popular, los trabajadores del Hospital del Oriente no verán peligrar su puesto de trabajo «porque se subrogan en su condición actual de laborales al Sespa». También añadió que con esta ley, los ciudadanos del Oriente «dejarán de tener unos servicios sanitarios de segunda». Y se mostró contundente, y hasta retador con el PSOE, al sostener que la nueva ley «es absolutamente constitucional; y si no, al tiempo».

La diputada Diana Camafeita (IU) también defendió la ley que permitirá que el Sespa asuma la gestión del Grande Covián porque «acabará con un modelo de gestión anómala». La parlamentaria de la coalición responsabilizó a sus socios de Gobierno de mantener «un discurso con ruido y miedo hacia los trabajadores y los usuarios del centro». Además, Camafeita pidió al PSOE sin rodeos que «no cometa el error de recurrir al Constitucional porque esa decisión sí generaría inestabilidad entre los trabajadores».

«PP e IU son los responsables de convertir esta ley en una chapuza política»

Pilar Alonso

Diputada del PSOE

«El pataleo es humano pero ineficaz, esta ley es absolutamente constitucional»

Carlos Galcerán

Diputado del PP

«Espero que ninguna fuerza política cometa el error de recurrir al Constitucional»

Diana Camafeita

IU