La ley para la asunción del Hospital de Arriondas por parte del Sespa ha generado una gran controversia jurídica. Los servicios jurídicos de la Junta General del Principado ya plantearon reparos a esta ley en un informe elaborado el pasado mes de noviembre, aunque admitía la existencia de precedentes en otras comunidades autónomas. Pero tanto PP como IU argumentan la existencia de otros informes jurídicos elaborados por expertos en derecho administrativo y constitucional, que avalan la viabilidad de la norma.
La nueva ley puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por 50 diputados o por 50 senadores, además de por el Defensor del Pueblo o el Gobierno central.
