«Entrar en especulaciones sería violentar a Montesquieu, del cual soy un lector atento». Con estas palabras, el director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, José Alberto Pérez Cueto, eludió ayer entrar en el proceso judicial abierto (de ahí la alusión a Montesquieu) y tampoco aclaró cuándo se percató de que una funcionaria de confianza del departamento de Ana Rosa Migoya podría haber falsificado su propia firma para adjudicar contratos a una empresa de su propiedad, Implans Mounts.

Pérez Cueto, que según el Principado fue quien alertó, en el ámbito administrativo, de los manejos de la funcionaria, se limitó a decir que «detecté presuntas irregularidades, se abrió un expediente, esta trabajadora fue destituida de su cargo y todo el expediente, remitido a la fiscalía para investigar el presunto delito».

Alberto Pérez Cueto, el más joven diputado nacional por Asturias en las filas del PSOE lustros atrás, realizó esas declaraciones durante una visita institucional a Ribadesella para promocionar la TDT. Era su primer acto público tras el escándalo de la funcionaria del área de Administraciones Públicas, que ha generado gran sorpresa y también cierta inquietud en el departamento y en la Administración regional.

Entre los círculos de funcionarios del Principado se sostiene que este caso ha desnudado las carencias existentes en los controles internos de la Administración. Personal que conoce al detalle la tramitación administrativa de los contratos menores cuestionó la tardanza con la que el Principado se enteró del supuesto engaño de su funcionaria, máxime cuando cuenta con un programa, denominado Asturcón XXI, que permite seguir a diario la evolución de todos los contratos y partidas de cada departamento.

La Agencia Tributaria dio la voz de alarma que permitió iniciar la investigación sobre la jefa de servicio de Procesos Administrativos, de la Consejería de Administraciones Públicas, destituida por el Principado e investigada por supuesta malversación de fondos públicos, usurpación de personalidad y falsificación de firma. La funcionaria habría adjudicado contratos por importe de 800.000 euros a una empresa de su propiedad.

Hacienda informó semanas atrás a una gijonesa que tenía a su nombre una cuenta bancaria con importantes ingresos que no casaban con su declaración fiscal. La Agencia Tributaria pidió aclaraciones a la titular de dicha cuenta que, al parecer, aseguró que no tenía constancia de su existencia. La mujer decidió presentar una denuncia para evitar incurrir en un delito fiscal.

El Juzgado de instrucción número 4 de Gijón abrió una investigación sobre el caso. La investigación tratará de aclarar la supuesta conexión entre los ingresos hechos en esa cuenta y las adjudicaciones que la jefa de servicio de la Consejería de Administraciones Públicas realizó a la empresa Implans Mounts, de la que, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, es administradora y socia única, según consta en el Registro Mercantil.

Fue la titular del Juzgado número 4 de Gijón quien ordenó la intervención del ordenador que la funcionaria, M. R. A., tenía en su despacho de la Consejería de Administraciones Públicas y acordó también el secreto de las actuaciones. Además, ordenó precintar el citado despacho.

Fuentes cercanas al caso apuntaron que la investigación judicial tratará de aclarar si la funcionaria pudo abrir una cuenta bancaria, como se sospecha, utilizando documentación con la identidad de la denunciante que, según algunas fuentes, negó tener relación alguna con los ingresos efectuados en esa cuenta y detectados por la inspección de la Agencia Tributaria de Gijón.

Por el momento, el Juzgado número 4 de Gijón no ha citado a declarar a la jefa de servicio, según reveló ayer su entorno. No se descarta que esa comparecencia tenga lugar la próxima semana. El Principado ha mantenido en todo momento que las supuestas actividades irregulares de la funcionaria fueron detectadas por su superior inmediato, el director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Alberto Pérez Cueto, quien al revisar los contratos de su departamento detectó muchos que supuestamente llevaban su firma sin que él los hubiera autorizado. La consejera, Ana Rosa Migoya, apartó a la funcionaria de su puesto y tras detectar «indicios de delito» denunció los hechos a la fiscalía.