23 de marzo de 2010
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España defiende en Bruselas las expropiaciones por la ley de Costas

Los asturianos afectados por el deslinde, indignados con el Gobierno por decir que las compensaciones son «justas»

23.03.2010 | 01:00

Oviedo,


Luján PALACIOS / E. P.


Los asturianos afectados por la ley de Costas están indignados. Hoy mismo, una representación de los damnificados comparecerá en el Parlamento europeo para denunciar que han sido privados injustamente de sus propiedades en el litoral como consecuencia de la aplicación de la ley, pero la directora general de Costas, Alicia Paz Antolín, se les adelantó ayer en la Eurocámara y desató las iras de quienes tienen sus viviendas afectadas por el deslinde costero.


Antolín defendió que la ley, y en concreto las compensaciones previstas para los propietarios -que contemplan una concesión para el disfrute de las viviendas por un período máximo de 60 años- están avaladas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La responsable del Gobierno destacó la importancia de la normativa española para la protección de la flora y la fauna y la necesidad de «hacer prevalecer el interés general sobre el privado».


Además, apuntó que el procedimiento de deslinde por el que se decide si una propiedad debe ser declarada dominio público es «garantista con el afectado», pues «se demora durante dos años durante los cuales están previstas alegaciones y posibilidad de recurso, no sólo en vía administrativa sino también ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo».


Para los afectados, la intervención de la directora General de Costas ha sido «muy penosa, aunque no esperábamos otra cosa de ella». José Ortega, abogado valenciano que defiende numerosos casos de deslindes en Asturias y en toda España, subraya que Alicia Paz Antolín «sólo se ha dedicado a repetir la teoría: en teoría hay compensaciones, en teoría no hay abusos y es una ley equilibrada, y todos sabemos que esto no es así», denuncia el letrado.


Ortega intervendrá hoy en el Parlamento europeo para denunciar la «injusticia» de la ley, y ayer asistió «perplejo» a la intervención de la representante del Ejecutivo español. «No ha contestado a ninguna de las preguntas que se le han formulado, no ha sabido decir si se están dando las concesiones, ha sido muy decepcionante para todos», asegura Ortega.


Ignacio Cavanilles, portavoz de la plataforma de afectados por la ley en Villaviciosa, se mostraba igual de indignado desde el concejo maliayo. «Cómo se puede decir que es justo que algo que es tuyo te lo quiten y te dejen usarlo durante 60 años», argumenta Cavanilles.


La intervención de la directora general de Costas cosechó la oposición manifiesta de la mayoría de diputados del Europarlamento: el representante de Izquierda Unida Willy Meyer y los del Partido Popular Teresa Jiménez Becerril, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs y Gabriel Mato.


Iturgaiz denunció que con la aplicación retroactiva de la ley de Costas se trata a los propietarios como «okupas». Por su parte, Meyer destacó que los deslindes se han realizado de forma «caprichosa» y «favoreciendo a «los grandes hoteleros».

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