Oviedo, L. Á. VEGA

El profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, Diego Blázquez (Ávila, 1972) es asesor de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en materia de trata de seres humanos. El plan nacional contra la trata de seres humanos fue aprobado el año pasado con el fin de dar una salida a las mujeres, sobre todo extranjeras, que se ven atrapadas en las redes de prostitución y sometidas a unas condiciones de semiesclavitud intolerables en un Estado que se proclama de derecho. El plan ha permitido «liberar» a un número importante de personas. Blázquez impartió el pasado jueves una conferencia sobre el desarrollo del plan nacional en el Colegio de Abogados de Oviedo, dentro de un curso sobre violencia de género organizado por la Universidad de Oviedo y en el que colabora la asociación de Abogadas para la Igualdad. En ese acto habló con LA NUEVA ESPAÑA

-¿Cómo está resultando el plan nacional contra la trata de seres humanos?

-El año pasado se han atendido a 1.300 personas, el 95 por ciento de las cuales eran mujeres. Se ha detenido a un número importante de personas relacionadas con este tipo de explotación, algo más de 700. En ese período se incrementó el número de operaciones, por lo que los explotadores tienen que saber que el Estado va a ir contra ellos. Se trata de uno de los negocios ilícitos más lucrativos del mundo.

-¿Qué tipo de mujer es víctima de estas situaciones de explotación sexual?

-Una de las novedades del plan es que el Ministerio del Interior ha podido crear una base de datos en la que se recogen tanto las características de las víctimas, como de los detenidos y las operaciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Eso ha podido crear un perfil de la víctima, que es básicamente una mujer joven -la mitad de ellas tienen entre 23 y 30 años- y extranjera en situación irregular en un cincuenta por ciento de los casos.

-¿Qué es lo que mueve a una mujer a venir a España en esas condiciones?

-La trata se basa fundamentalmente en la violencia o el engaño. No puede olvidarse la situación de vulnerabilidad social y económica en la que se encuentran estas mujeres en sus países de origen. En esa situación, la oferta de un empleo, la posibilidad de poder venir a España para prestar un servicio doméstico o de hostelería, les abre unas expectativas que son las que las invitan a viajar a España. Pero la mayoría de ellas abandonan sus países engañadas.

-Uno de los atractivos del plan para las víctimas es que pueden legalizar su situación.

-Efectivamente, hemos hecho una modificación de la ley orgánica de Extranjería para poder permitir que las mujeres víctimas de las mafias puedan obtener los papeles de residencia y también de trabajo, siempre y cuando colaboren con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El objetivo es que se brinden a destapar las tramas de explotación.

-¿Como se está realizando este trabajo? Es muy difícil romper el círculo en el que se ven envueltas estas mujeres.

-Sí, hay mucha coordinación y colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las organizaciones no gubernamentales. El Ministerio de Igualdad ha creado un fondo de ayuda, que está dotado con dos millones de euros para proyectos a desarrollar en toda España. Con esos recursos se ayuda a las víctimas socialmente para su recuperación y su rehabilitación física y psíquica. Eso es lo que permite dar la confianza y el apoyo a las víctimas para que colaboren. Hay que ofrecer una alternativa social a las mujeres explotadas con fines sexuales.

-Estas mujeres trabajan en unas condiciones prácticamente de semiesclavitud.

-Sí, es en lo que consiste precisamente el crimen de trata que ahora se está discutiendo en el Parlamento. Está recogido en el plan, se incluye en los tratados internacionales, pero en España aún no tiene un reflejo en el Código Penal. Lo que hemos hecho es unificarnos a la legislación internacional. Ese delito de trata se incorporará al Código Penal y consiste precisamente en eso, en la esclavización de una persona con fines sexuales. Actualmente se aplica el delito de tráfico de inmigrantes, y también el de proxenetismo.

-¿Con cuántos fondos cuenta el plan nacional?

-Cada ministerio implicado aporta sus fondos. El de Igualdad, cuatro millones de euros, que para este ministerio es un esfuerzo presupuestario.

-¿Se puede terminar con la prostitución con este plan?

-Nosotros estamos cumpliendo las recomendaciones de las Cortes Generales para luchar contra este fenómeno, y el objetivo es ayudar y sacar a las víctimas del círculo de la explotación sexual. Ese es el mandato. El plan tiene tres años, al final de los cuales evaluaremos cuál ha sido el proceso, qué es lo que se ha podido hacer bien o mal y qué medidas adicionales pueden tomarse.

-En alguna ocasión se ha hablado de perseguir incluso a los consumidores de prostitución.

-Efectivamente, es un debate que está ahí, pero ahora mismo, en el plan, no se contempla esa medida. No está previsto. El plan está desarrollándose conforme a las recomendaciones de las Cortes.

-¿Cuál es el futuro de la prostitución en España? ¿Vamos a un modelo holandés?

-Ahora estamos centrados en las víctimas, y hasta que no saquemos a las víctimas de la situación de explotación en la que se encuentran, no hay otro planteamiento por parte del Gobierno.

«La trata se basa en la violencia y el engaño. No puede olvidarse la vulnerabilidad de estas mujeres en sus países»

«El perfil de la víctima de explotación sexual es una mujer joven, extranjera y en situación irregular»