Oviedo, Pablo GONZÁLEZ

El Principado ha creado más de cien cargos de confianza destinados a altos funcionarios en los tres últimos años que tienen un coste anual de unos 5 millones de euros y que han sido cubiertos por designación directa. Su creación «no responde a necesidades objetivas derivadas del servicio público», se recoge en un informe de la asociación Conceyu por Otra Función Pública en Asturias (Cofpa), un grupo integrado por funcionarios que denuncia la situación. El informe advierte de cómo la Administración regional ha formalizado dentro de la jerarquía funcionarial la figura del coordinador-asesor (nivel 26) para intercalarla entre los puestos más altos dentro de la carrera funcionarial: jefe de servicio y jefe de negociado. Por encima de éstos se sitúa el puesto de director general y el secretario general técnico.

Además, señalan, el cargo de coordinador-asesor no se encuentra recogido dentro de la ley de Organización de la Administración del Principado de Asturias, incluyéndose dentro de la relación de puestos de trabajo de la Administración (RTP) en un Consejo de Gobierno. Salvo en casos excepcionales, y siempre de manera justificada, este tipo de cargos deben ser cubiertos a través de un concurso de méritos en el que, entre otras cosas, se tiene en cuenta la experiencia en la Administración. Pero los sindicatos advierten de que hace tiempo que ocurre todo lo contrario. «Se está abusando de la libre designación, del sistema digital», coinciden Javier Villa (Cofpa) y José Manuel Rodríguez Mata (Comisiones Obreras). Villa considera que esto está permitiendo al Gobierno «crear una élite funcionarial de la máxima confianza del poder político, una clase adepta», y multiplicar así «el clientelismo político logrando fidelidad máxima a cambio de mejores sueldos».

Al tiempo, el abuso de la libre designación está provocando «carreras funcionariales meteóricas». Así, desde CSI se calcula que el 15 por ciento de los 4.000 funcionarios destinados a tareas administrativas ocupan cargos siguiendo este criterio. «Antes los jefes de servicio tenían más de cincuenta años y por lo menos veinticinco de servicio. Ahora te encuentras con jefes de 25 o 26 años con cincuenta días de experiencia», asegura Juan Gavira (CSIF).

Los sindicatos entienden que el Gobierno «ha generalizado» -ya hay varias sentencias favorables a las centrales en este sentido, recurridas por el Principado, y Cofpa tiene recurridos 317 nombramientos- el método de la libre designación para este tipo de altos cargos. «Esto sólo debería hacerse en casos excepcionales y siempre durante el tiempo necesario para que se saque el puesto a concurso», dice José Manuel Rodríguez Mata. Pero, según coinciden todos los sindicatos consultados, este tipo de oferta está prácticamente congelada.

Además, los sindicatos denuncian que el Principado está aplicando «una doble vara de medir» a la hora de ajustar la plantilla de trabajadores públicos dentro del plan de ajuste del gasto diseñado por el Ministerio de Economía. Y es que las centrales consideran que el Gobierno, que preside el socialista Vicente Álvarez Areces, evita recortar el número de los funcionarios de nivel A y B (licenciados superiores y medios) mientras no cubre las bajas de los trabajadores «de calle». Para Luis Ángel Ardura (UGT) «esta situación es injustificable y escandalosa» y no busca otra cosa que «deteriorar los servicios de cara al público para lanzar el mensaje de que el sistema no funciona».

Para Marco García (CSI) se está produciendo la paradoja de que «hay más jefes que soldados. Como esto siga así se mandarán a si mismos». García y el ugetista Luis Ángel Ardura coinciden en que «los recortes nunca afectan a gabinetes, jefes y puestos de libre designación».