El PP quiere que el Gobierno incluya en su plan de austeridad para reducir el déficit las casi 200 oficinas que tienen las comunidades autónomas en el extranjero. Asturias ocupa el cuarto puesto en el ranking, junto con el País Vasco, con 13 delegaciones.

Esta petición se produce después de que el Consejo de Ministros haya aprobado la supresión de un total de 32 altos cargos de la Administración y 29 empresas públicas en el marco del plan de racionalización del sector público que se incluye en el citado plan de austeridad.

De acuerdo con los datos que el Gobierno ha facilitado al diputado del PP y vicepresidente de la Comisión de Política Territorial del Congreso, Eugenio Nasarre, las comunidades autónomas tienen 189 oficinas repartidas por 37 países del extranjero. En su mayoría se trata de delegaciones de promoción comercial o de turismo.

Catalunya es la comunidad que encabeza el 'ranking', ya que dispone de 48 de esas oficinas. Por detrás se sitúan la Generalitat valenciana, con 23, y Andalucía, con 22. A más distancia están País Vasco y Asturias, con 13 de estas unidades administrativas cada una de ellas.

El siguiente escalón lo ocupan Murcia y Galicia (ambas con 12); la Comunidad de Madrid (11); Canarias (8); Castilla y León, Aragón y Navarra (con 5 oficinas cada una de ellas); Extremadura (4); y, finalmente, La Rioja, Baleares, Castilla-La Mancha y Cantabria, que cuentan con dos cada una.

Todas las comunidades autónomas tienen abierta una oficina en Bélgica, debido a que en Bruselas se concentran las instituciones de la Unión Europea. Además, muchas de ellas también poseen delegaciones en China, México y Argentina.

En el caso de Cataluña, hay países con varias oficinas. Así, en Alemania hay cinco y en Estados Unidos tienen cuatro mientras que en México y en Reino Unido cuentan con tres. En Francia, Rusia, Bélgica y Republica Checa hay dos en cada país.

El diputado del PP Eugenio Nasarre aseguró que en este momento de crisis económica es "imprescindible una racionalidad de los recursos y un plan de austeridad" que debe afectar también a las comunidades.

A su entender, este "crecimiento abusivo e irresponsable" de las delegaciones en el exterior hace necesario un "replanteamiento de las iniciativas y acciones de las comunidades autónomas en el exterior". Señaló que hay que frenar "este alocamiento en el proceso de expansión del gasto", máxime cuando vender la "marca España como unidad" tendría "mayor eficiencia y eficacia".

Según sus cálculos, estas 'embajadas' pueden tener un coste de al menos 150 millones de euros. En este punto, anunció que pedirá información al Gobierno acerca de cuanto cuestan a las arcas públicas estas oficinas, desde alquiler de dependencias hasta gastos de personal y de funcionamiento.

"Todos los gastos que supongan un despilfarro tienen que ser suprimidos para salir de la situación de emergencia nacional en la que estamos. Esto tiene que resolverse de acuerdo con un urgente plan de austeridad que debe pilotar y dirigir el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero", enfatizó.