Oviedo, R. L. MURIAS

Joaquín de la Riva, fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, está ojo avizor desde su despacho para presentar un acusación siempre que haya pruebas e indicios suficientes de delito contra la Naturaleza. La lucha contra los incendios forestales es hoy su prioridad. Las cifras han conseguido que lo sea: 2.095 fuegos declarados en la región el año pasado; la mayoría de ellos, intencionados.

-Hace unos días se conocía la solicitud de una pena de cinco años de cárcel para un vecino de Villanueva de Oscos que prendió un monte. Aun así, parece que quemar sigue siendo una práctica demasiado común en Asturias.

-Así es. Estamos hablando de un delito doloso, no de una acción imprudente. De una persona que además prendió en varios días con ánimo de venganza por problemas con una empresa y al que se le pide la mayor penal de cárcel que se puede aplicar en estos casos, siempre que no haya riesgo para la vida de las personas.

-¿Entonces la pena puede ser mayor?

-La pena por un incendio intencionado, si hay riesgo para la vida, puede llegar hasta los veinte años de prisión, que es una pena superior al homicidio. En Asturias hemos tenido algunos casos en los que se ha tenido que evacuar pueblos enteros donde la gente ha estado en peligro y las llamas habían sido intencionadas pero no se ha logrado dar con el autor. La situación para una pena de cárcel de estos años se ha dado, pero no se ha conocido la autoría de las llamas.

-Los ganaderos niegan que ellos sean los principales autores de las quemas en Asturias.

-Cuando yo digo que son los ganaderos, lo digo porque es un dato probado. El 78% de los incendios investigados por las bripas (brigadas de investigación de incendios forestales en Asturias) fueron ocasionados por motivación ganadera, para crear pasto. De 91 sentencias que tengo en mi despacho por incendios intencionados, hay 38 condenas a ganaderos que prendían fuego con esa intención: hacer zona de pasto. Y a esto hay que sumar que sólo una parte ínfima de los incendios que hay llega a juicio y que sólo conocemos la autoría de los fuegos provocados en un 1% de los casos.

-¿Qué ocurre con esa zona que ha sido quemada para hacer pastos? ¿se veda el pastoreo tal como se apunta en la ley de Montes o no se está haciendo?

-No se está haciendo, al menos con la frecuencia que debería hacerse, porque debería ser algo automático. Si se sabe que el incendio ha sido por motivación ganadera, debería acotarse la zona. Así se consiguen dos cosas; una, recuperar la zona; y dos, acabar con esa motivación del ganadero, porque si no se puede llevar a los animales a pastar, no queman.

-Sin embargo, el mayor incendio forestal de la historia de Asturias, en Busindre, parece que fue causado por una línea eléctrica. ¿Es frecuente?

-En Asturias hemos tenido casos de incendios ocasionados por líneas eléctricas. No es la causa más habitual, pero el incendio de Busindre, en Valdés, ha sido el mayor de los registrados en Asturias y hay millones de euros de perjuicios; pero a lo largo de mis veinte años al frente de la fiscalía hemos formulado tres acusaciones por incendios ocasionados por líneas eléctricas, incluyendo el de Busindre, aunque pudo haber casos más porque antes no se investigaban los incendios.

-¿Cómo se determina quién fue el autor de un incendio?

-Hay dos maneras. La prueba directa y los indicios. La prueba directa es cuando, por ejemplo, un vecino es el que lo dice, porque lo vio. Pero esto no suele ocurrir, salvo que le hayan quemado parte de lo suyo. La otra manera es con los indicios. Si se puede demostrar mediante pruebas e investigaciones quién ha sido el autor. Lo que se debería hacer, y no se hace con demasiada habitualidad, es montar servicios de vigilancia en el monte en los meses en los que se produce mayor número de incendios o cuando hay viento del Sur. Antes se hacían más operaciones de vigilancia en el monte y era una buena manera de pillar al fulano in fraganti.

-Se ha hablado mucho de la protección de los lagos de Silva, en Salave, donde varias empresas intentaron llevar a cabo una explotación de oro a cielo abierto. Los vecinos piden más figuras de protección: ¿podría llegar a salir adelante el proyecto de la mina?

-Eso es una decisión política. La fiscalía intervendría si se da un permiso en contra de la normativa; ahora, si obtienen los permisos porque los competentes entienden que se les pueden dar...

-Los vertederos ilegales son también un problema en la región. ¿Quiénes denuncian, los vecinos o las bripas?

-El año pasado fue el año en que más expedientes abrimos de vertederos ilegales. Las denuncias de los vertederos ilegales llegan aleatoriamente. Nos preocupan mucho los que pueden producir incendios forestales porque sabemos que en ocasiones se prende fuego a las basuras. Cuando la guardería, el Seprona o las bripas vean vertederos próximos o dentro de una masa forestal deben comunicarlo a la fiscalía para que nosotros demos aviso a los ayuntamientos y así poner remedio a esto, con la advertencia de que no hacerlo, en caso de que haya un incendio forestal, puede incurrir en responsabilidades por omisión.

-¿Qué método utilizan más los cazadores furtivos en Asturias, el veneno o los lazos ilegales?

-Todos los años hay un goteo de aparición de lazos que, aunque en principio son dirigidos al jabalí, no son un método selectivo y pueden terminar cayendo los osos, por ejemplo. En Asturias todavía se sigue utilizando veneno, que va dirigido al lobo, pero tampoco es un método selectivo. En la región se utilizan más los lazos y se detectan mejor que el veneno. Cuando un animal fallece por envenenamiento hay que esperar a analizar su cadáver para saberlo. En Asturias tenemos todos los años juicios por lazos.

-¿Cuál ha sido la condena más alta impuesta a un cazador furtivo en Asturias?

- De especies protegidas, afortunadamente, ha habido pocas sentencias. La caza furtiva suele centrarse en las especies cinegéticas y estos casos suelen resolverse por la vía administrativa; gente que caza fuera de la temporada o sin permisos. La fiscalía persigue las especies amenazadas y de éstas sentencias casi ni me acuerdo. Hubo algunas por cazar osos, pero son de hace muchos años atrás, cuando había unas condenas ridículas porque no había Código Penal.

-Pongámonos entonces en la posibilidad de que alguien mate hoy una especie protegida. ¿Cuántos años de cárcel se le podrían pedir?

- Un máximo de dos, si estamos hablando de una especie como el oso pardo o el urogallo.