08 de mayo de 2010
08.05.2010

PP e IU piden una solución para los afectados por la suspensión de oposiciones

Los sindicatos prometen buscar una salida legal para los damnificados

08.05.2010 | 02:00

Oviedo, J. A. ARDURA

PP, IU y todos los sindicatos de la función pública están de acuerdo en presionar al Gobierno regional para buscar «una solución dentro de la ley» a los afectados por la anulación de oposiciones del Principado. Varios de los operarios cuyo puesto de trabajo peligra se reunieron ayer con las diputadas Ana Barrientos (PP), Diana Camafeita (IU) y con los representantes y delegados de los principales sindicatos de la función pública. Todos coincidieron en la crítica a la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, y en la necesidad de buscar una solución consensuada para no jugar más con el puesto de trabajo de varios empleados públicos.


Ana Barrientos y Diana Camafeita coincidieron en el descontento hacia la posición mantenida por Migoya en una comparecencia en la Junta en la que se debatió sobre este problema. La consejera de Administraciones Públicas sostuvo entonces que el Principado está a la espera de una sentencia firme para actuar en el caso de 110 operarios de la Administración regional cuya oposición fue anulada por un recurso. Las diputadas del PP y de IU y los sindicatos no quieren que otros casos similares de oposiciones anuladas por fallos del Principado, como el de cuatro educadoras, una cocinera y un auxiliar administrativo, caigan en el olvido. De ahí, la reunión celebrada ayer en la Junta General del Principado para tratar de buscar una solución legal a todos esos casos. «Hay fórmulas legales para que los trabajadores no tengan que pagar las consecuencias de un fallo de la Administración», manifestó al término de esa reunión Diana Camafeita, diputada de IU, grupo parlamentario que sustenta al Gobierno regional en coalición con el PSOE. Ana Barrientos, del PP, también argumenta que «existen soluciones con la ley en la mano» y criticó el doble rasero de Migoya. «Cuando la sentencia de primera instancia afecta a jefes nombrados por el propio Gobierno, siguen adelante, pero cuando afecta a trabajadores que han ganado sus plazas de forma limpia, dan la excusa de que tienen que esperar a que los tribunales dicten una sentencia firme. Es una actitud mezquina», reprochó la popular.


Los sindicatos -USIPA, CSIF, UGT, CC OO y CSI- son partidarios de buscar una solución que garantice el empleo a los opositores que lo ganaron en convocatorias públicas.

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