12 de mayo de 2010
12.05.2010

«Si el sector pasa a manos privadas, el Estado perderá muchos millones», afirman los loteros

12.05.2010 | 02:00

Oviedo, J. L. S.


«No nos oponemos al progreso ni a las nuevas tecnologías, pero los planes del Gobierno no huelen bien». Teresa Fernández, responsable de la Asociación Profesional de Loterías de Asturias, se ha mostrado muy crítica con los planes de la Administración central para llevar a cabo una reordenación del sector lotero. Para Fernández, las medidas que pretende poner en marcha el Ejecutivo son una privatización encubierta. «No está claro que las nuevas medidas puedan llevarse a cabo, y no creo que vayan a salir bien», argumentó.


Las disposiciones 32 y 34 de los Presupuestos Generales del Estado para 2010 incluyen las nuevas medidas para modificar el sector del juego. A juicio de Teresa Fernández, la medida para que las administraciones de lotería pasen de ser una concesión del Estado a una empresa de carácter mercantil supondrá una pérdida de derechos para los loteros. «Será una nueva relación entre la parte contratante, el Estado, y la contratada, que somos nosotros, en la que la contratante siempre tendrá ganada la partida», indicó.


Para la representante de la Asociación Profesional de Loterías de Asturias -una de las agrupaciones que dieron su apoyo al cierre patronal del sector para protestar contra estas nuevas medidas-, la propuesta de la administración de Loterías y Apuestas del Estado «es una reconversión del sector en el que no tendremos derecho a indemnización».


Algunas patronales españolas de los loteros estiman que la implantación de máquinas expendedoras para la venta de boletos de lotería nacional supondría el cierre de un millar de puntos de venta en un año y que los ingresos del Estado se redujesen en más de mil millones de euros. En la actualidad, el juego público da empleo de forma directa a alrededor de 12.000 personas en España y otras 25.000 de forma indirecta, y hay 4.000 administraciones de lotería repartidas por España, que facturan en conjunto unos 8.300 millones de euros al año, de los que 3.000 van directamente a las arcas del Estado.


«Si se lleva a cabo una privatización y el sector pasa a manos privadas, las cuentas estatales perderán estos ingresos, en un momento bastante inoportuno como el actual, con una fuerte crisis económica», explicó Teresa Fernández, «seremos los ciudadanos los que acabemos pagando por la pérdida de estos ingresos, que podría repercutir en una posible subida de los impuestos».

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