Oviedo, J. A. ARDURA

Oviedo, J. A. A.

Más de 1.700 trabajadores de las empresas y fundaciones públicas del Principado se librarán, previsiblemente, del recorte de salarios anunciado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del ajuste para reducir el déficit público. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que un recorte medio del 5 por ciento de los salarios anunciado para los empleados públicos no afectará a los trabajadores del sector empresarial estatal porque están sujetos a la negociación colectiva «que hay que respetar». Esa salvedad, por extensión, también afectaría a las empresas y fundaciones del sector público regional y a empresas de titularidad pública como Hunosa, Feve, Renfe y Aena. El Principado, por ahora, elude pronunciarse a la espera de las normas que se aprobarán la próxima semana en el Consejo de Ministros. «Nadie lo tiene claro, ni en Madrid ni en Oviedo», manifestó un dirigente sindical de la función pública.

Las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, arrojaron algo de luz. Pero el Principado, de momento, prefiere conocer el contenido de los cambios y medidas concernientes a los sueldos de los empleados públicos. De la Vega explicó que dentro de las empresas de titularidad público el recorte sólo se aplicará a los directivos, en tanto que para el resto de trabajadores habrá que ceñirse a la negociación colectiva. Según la vicepresidenta primera, la rebaja salarial afectará a «todos los empleados públicos: funcionarios, estatutarios y laborales», que dependan de las diferentes administraciones central, autonómica y local.

La administración regional cuenta en la actualidad con más de 35.700 empleados, entre funcionarios, personal laboral y estatutarios. Las palabras de la vicepresidenta dan a entender que el personal de las empresas y de las fundaciones vinculadas al Principado se librarán de la reducción de salarios. Es decir, más de 1.700 trabajadores que esas entidades públicas no verían reducidas sus nóminas a partir del mes de julio aunque la administración regional evitó entrar ayer en detalles ante la falta de información oficial al respecto. En principio, los trabajadores que, de ratificarse el anuncio realizado por Teresa Fernández de la Vega, se librarían del ajuste son los que prestan sus servicios en una quincena de empresas del sector público regional tales como Sadei, Hostelería de Asturiana, la Inspección Técnica de Vehículos, Sedes, Vipasa o Gispasa, entre otras.

Además, según indicaron fuentes sindicales, en esa misma situación de la negociación colectiva se encontrarían una decena de fundaciones públicas y entes, desde la TPA al 112 y Bomberos del Principado o Fucomi y la Fundación para la discapacidad (FASAD) o la Fundación Grande Covián del hospital del Oriente, de los únicos sanitarios que se librarán del recorte del 5%.

De todas formas, alguna de las entidades adscritas al Principado en ese capítulo de entes y fundaciones como por ejemplo el IDEPA se rigen por el convenio del Principado, según precisaron fuentes de la administración regional, que reconocieron la «incertidumbre» existente acerca de cómo se materializarán las rebajas salariales de los empleados públicos en cada tramo.

Ni la consejería de Administraciones Públicas ni la de Economía pudieron precisar ayer cómo repercutirán los recortes en las nóminas de los empleados públicos hasta el punto de que aseguran desconocer si la reducción afectará a toda la masa salarial o solamente al complemento específico. No obstante, el Principado avanzó que mantendrá el pago del complemento de la carrera profesional ya que no se ha recibido ninguna consigna en sentido contrario.

Los sindicatos de la función pública también eran ayer un mar de dudas. «Nadie lo tiene claro ni en Oviedo ni en Madrid, donde los técnicos del Ministerio de Economía están a tope para poder concretar las cuestiones técnicas del ajuste en la próxima semana», según fuentes sindicales.

El anuncio realizado por De la Vega también afecta a los trabajadores de otras empresas públicas con actividad en la región, tales como Hunosa, Feve, Renfe y Aena. Al tratarse de empresas de titularidad pública y donde los salarios son objeto de negociación colectiva por lo que sus plantillas tampoco se verán afectadas por el recorte salarial del 5 por ciento que, en cambio si afectará a los más de 30.000 funcionarios y empleados de la administración estatal en Asturias y de los 78 ayuntamientos de la región. El nuevo paquete de medidas anunciado por Zapatero obligará a al gobierno asturiano a apretarse aún más el cinturón. El ejecutivo de Areces ya trabajaba desde hace semanas en depurar partidas para reducir 149 millones de gasto sobre el presupuesto consolidado de 4.600 millones. Ese ajuste, según la Consejería de Economía, sigue en marcha, aunque el propio Areces ya ha asumido que el ajuste deberá aún ser mayor aunque el recorte total del presupuesto no se conocerá, según sus estimaciones, hasta el próximo junio cuando vuelva a reunirse el Consejo de Política Fiscal. El primer recorte de 149 millones se centra en una reducción significativa del gasto corriente en personal y en reequilibrio del sector público empresarial además del tijeretazo, ya aprobado, del gasto farmacéutico. Pero el «sudoku» del consejero de Economía, Jaime Rabanal, se complicó desde el pasado fin de semana cuando la UE exigió al Gobierno español un nuevo recorte que repercutirá en cascada sobre todas las administraciones públicas. Hace dos meses, el Gobierno asturiano sostuvo que aún tenía margen para el ajuste, ahora dos consejeros ya han avisado que están al límite.

Los sindicatos profesionales de la sanidad asturiana salieron ayer a la palestra para criticar el recorte del 5 por ciento de media en los sueldos de un colectivo «donde la inmensa mayoría de los trabajadores somos empleados mileuristas». Los sindicatos Satse, Usae y Sicepa-Usipa también aseguran que en los últimos meses han sufrido «un recorte brutal de contrataciones» que además de aumentar su carga de trabajo ha deteriorado la calidad asistencial en la sanidad.

Estos sindicatos denuncian asimismo la actitud de las centrales mayoritarias, UGT y CC OO, porque pactaron una subida del 0,3 por ciento de los sueldos «que, en la práctica, ya era una congelaión salarial mientras exigían a las empresas privadas subidas salariales por encima del 3%». Estos sindicatos profesionales dicen que no entienden el tijeretazo a sus sueldos «sin haber anulado o recortado a la mínima expresión las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos, dietas y sueldos brutales de políticos, cargos de confianza, asesores y miles de chiringuitos públicos de nula utilidad».

Los sindicatos sectoriales parten también una lanza en favor de su colectivo que, dicen, «vela por la salud de todos los asturianos y hemos accedido al empleo a través de procesos selectivos públicos y transparentes tras años de formación y preparación; nadie nos ha regalado nada». También cargan contra UGT y CC OO «porque han consensuado la política económica de este país, que nos ha llevado a la bancarrota».