Oviedo, R. L. M.

El coordinador general de IU de Asturias, Jesús Iglesias; la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, y otros dos dirigentes de la coalición han sido condenados al pago de una multa de 500 euros cada uno por una falta de coacciones contra los responsables del Partido Comunista de Asturias (PCA).

Esta sentencia, que se hizo pública ayer, absuelve a los acusados del delito de coacciones que les imputaba la acusación particular y les impone el pago de las costas causadas en el proceso judicial, cuya vista oral se celebró el pasado 13 de abril.

La Sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que vio la causa por la condición de aforados de dos los acusados, absuelve además a los cuatro dirigentes de la coalición, así como al ex diputado Francisco Javier García Valledor, del delito de falsedad en documento privado.

Para el tribunal, la actuación de los acusados en el contexto de la disputa abierta con los responsables del PCA en torno al uso de la sede de este partido en la ovetense plaza de América, que hasta entonces venía siendo utilizada por IU como arrendataria, debe catalogarse como una coacción leve.

La sentencia considera a los condenados responsables del cambio de cerraduras de la sede y de la contratación de los servicios de una empresa de seguridad que colocó vigilantes en la puerta de los locales para impedir el acceso a toda persona que no figurase en una lista elaborada por ellos. Los hechos, que para la fiscalía no eran constitutivos de delito -por lo que pidió la libre absolución-, tuvieron lugar en mayo de 2007, a raíz del enfrentamiento político abierto entre el PCA, cuya dirección acababa de asumir el sector crítico, e IU. En los días previos a las elecciones autonómicas de 2007, la nueva dirección del PCA, de la que había sido apartada Noemí Martín, ocupó parte de los despachos de la sede que compartía y tenía alquilada en Oviedo a IU y cambió parte de sus cerraduras. Días después, IU cambió a su vez la llave de entrada, contrató a una empresa de seguridad y limitó con un listado la entrada a la sede que, finalmente, fue ocupada por militantes del PCA.

Los vigilantes de seguridad que entre el 29 y el 31 de mayo vigilaron el acceso declararon que no utilizaron la fuerza para desalojar a la gente que logró acceder al interior, aunque tenían órdenes de no dejar pasar a nadie al margen de los de la lista. La dirección de IU de Asturias afirma que la sentencia que absuelve del delito de coacciones a cuatro dirigentes de la coalición «pone fin al esperpento político y judicial emprendido por un grupo minoritario», dice la coalición.