Oviedo, J. A. ARDURA

Los diputados de la Junta General del Principado están dispuestos a «apretarse el cinturón» y seguir el ejemplo del Gobierno central. Los grupos parlamentarios del PSOE, PP e IU confirmaron ayer que rebajarán el sueldo de sus diputados un 15 por ciento, una medida que ayer también confirmaron la mayoría de los parlamentos autonómicos de España. El PP incluyó esa propuesta dentro de un conjunto de medidas, entre las que destaca la elaboración de un plan para redimensionar el sector público regional, que permitirían un ahorro de 400 millones de euros, según sus estimaciones. Los populares, además, solicitaron la comparecencia del presidente del Principado en la Junta para que explique la repercusión del ajuste.

Los sueldos de los diputados asturianos oscilan entre los 2.000 y los 3.800 euros, gastos de kilometraje aparte, en función de si tienen dedicación exclusiva o no. De los 45 parlamentarios que forman el hemiciclo de la Junta General, solamente once no viven en exclusiva de la política. Los diputados dejarán de cobrar una media de 500 euros mensuales cuando la Mesa de la Cámara apruebe una decisión que, previamente, debe ser acordada por la Junta de Portavoces.

«Aquí no se trata de ser el primero en colgarse la medalla ni de ganar un mundial de velocidad. Nunca tuvimos ninguna duda del alcance general de la decisión de reducir los sueldos», manifestó el portavoz socialista en el Parlamento asturiano, Fernando Lastra. «Me alegra que el PP se sume a esa iniciativa», valoró el diputado del PSOE asturiano.

El presidente del PP regional, Ovidio Sánchez, exigió ayer al Ejecutivo de Areces un «ajuste serio» en el que plantearon como principales propuestas la reducción del número de consejerías, la citada reducción del sueldo a todos los miembros del Gobierno, altos cargos y diputados regionales, la supresión de dietas a los consejeros que participen en consejos de las empresas públicas, la eliminación de delegaciones y oficinas del Principado en Madrid y Bruselas, la reducción de asesores y personal de confianza en todos los departamentos del Gobierno y la elaboración de un plan estratégico del sector público regional. «Hay que eliminar algunas sociedades, redimensionar otras y privatizar», planteó Ovidio Sánchez, quien aludió a la TPA como una de las sociedades que podrían ser gestionadas por empresas del sector privado. El presidente de los populares asturianos acusó a Zapatero de «imponer una cura de caballo sobre los sectores más débiles del país» tras haber ignorado todas las iniciativas del PP para reducir el déficit público. «El país está en quiebra», reprochó Sánchez, mientras que su compañera de grupo parlamentario Alejandra Cuétara criticó que el PSOE «se cargara la ley de Estabilidad Presupuestaria».

El portavoz de IU de Asturias, Jesús Iglesias, también aceptó la reducción salarial de los políticos, altos cargos y diputados regionales, aunque puso mayor énfasis en la reforma fiscal progresiva a la vez que emplazó al presidente del Gobierno a que «meta mano» a los ricos y a los bancos.